Las diputadas Natalia Herrera y Laura Quintero (GENERAR) reiteraron sus objeciones al Ministerio de Educación por las restricciones para fiscalizar la gestión y por la circular que limita la comunicación de las escuelas con la prensa.
Las diputadas provinciales Natalia Herrera y Laura Quintero, del bloque GENERAR, insistieron con sus críticas al Ministerio de Educación por las restricciones para controlar la gestión educativa. Ambas legisladoras ya habían expresado objeciones similares en ocasiones anteriores.
Declaraciones de Natalia Herrera
Herrera comparó las trabas para fiscalizar al Gobierno con un allanamiento anunciado de antemano o con una inspección de Bromatología que consultara al comercio cuándo puede presentarse. Según la diputada, quienes tienen la tarea legislativa de controlar al Ejecutivo deben presentar una nota y esperar autorización para ingresar, un procedimiento que calificó de “locura” en comparación con otros controles habituales del Estado.
Afirmó que lo que molesta al Gobierno es que se muestre la realidad de los educadores y de las escuelas. Remarcó que no se quedará con los brazos cruzados y que seguirá insistiendo en realizar controles.
Herrera enmarcó su reclamo en la misma línea que ya había sostenido junto a Quintero respecto de la circular que limita el vínculo entre las escuelas y la prensa. Además, planteó un escenario provincial de escasez con falta de inversión en las escuelas, demora en el pago de haberes docentes, falta de nombramientos de horas cátedra y cargos, y ausencia de respuestas del área de mantenimiento ante reclamos edilicios.
La diputada remarcó que las escuelas necesitan mayor inversión, reconocimiento docente y respuestas concretas, y que seguirá mostrando la realidad de los educadores y de las escuelas las veces que haga falta.
Declaraciones de Laura Quintero
En el marco de la circular de educación, Quintero calificó al Gobierno provincial de “autoritario” por, según sus palabras, “cerrar puertas y silenciar voces”. Recordó que el Ministerio de Educación y Trabajo se había comprometido, en la Comisión de Educación de la Legislatura, a revisar una circular anterior que restringía el control sobre las instituciones, y afirmó que esa promesa no se cumplió: “No solo no la revisaron, fueron por más. Ahora sacaron otra circular prohibiendo a los directivos y docentes hablar con la prensa”.
Cuestionó lo que consideró una aplicación desigual de las restricciones de acceso a las escuelas: “Si sos diputado de la oposición, no podés entrar. Si sos un militante peronista con una remera partidaria, sí”, sostuvo. Afirmó que el objetivo de la medida es que “nadie controle, nadie denuncie y nadie conozca la realidad” y que, lejos de cuidar a las escuelas y a los alumnos, el Gobierno “está cuidando el poder”.
La circular N° 04/2026
La circular cuestionada es la N° 04/2026, emitida el 3 de julio por la Supervisión Pedagógica de Secundaria Común y Rural del Ministerio de Educación y Trabajo, firmada por la supervisora pedagógica Silvina Lorena Ramírez. Días después, Educación habría dado de baja esa circular, aunque la situación no fue aclarada.
Bajo el título “Pautas para la comunicación institucional y procedimiento obligatorio ante situaciones que afecten la presencialidad escolar”, el documento establece que ninguna modificación de la presencialidad (suspensión de clases, cambios de horario o pase a modalidad virtual) puede ser resuelta por los equipos directivos ni por la Supervisión, sino que queda a cargo exclusivo de la Dirección Provincial de Educación Secundaria o de la autoridad ministerial.
Fija un protocolo de siete pasos obligatorios ante emergencias edilicias, climáticas o sanitarias, desde la verificación presencial hasta la espera de una resolución ministerial antes de anunciar cambios. En el punto dedicado a la prensa, prohíbe que directivos y docentes brinden declaraciones que informen, anticipen o interpreten medidas de suspensión, y fija como única respuesta autorizada la frase: “La situación se encuentra en proceso de relevamiento y cualquier medida será comunicada oficialmente por los canales institucionales”. El documento exige que cada directivo firme un acuse de recibo como notificación formal.
Repercusión de una docente
Ana Liz Ahumada Cisternas, vicedirectora de la Escuela Secundaria Ramón S. Castillo, sostuvo en un comunicado público que la circular no surgió en un contexto casual. Según su relato, distintas escuelas habían pedido a legisladores la donación de ejemplares de la Constitución Nacional para el acto de jura del 11 de mayo, y algunas instituciones invitaron a los legisladores donantes, cuyos equipos de prensa registraron las visitas.
Para la vicedirectora, esas imágenes generaron malestar en el Gobierno cuando el legislador fotografiado no pertenecía al oficialismo. Aclaró que regular el ingreso de extraños y cuidar la difusión de imágenes de menores le parece correcto, pero diferenció esa restricción de la prohibición para que directivos y docentes hablen con la prensa, que calificó como una falta grave a la libertad de expresión y un atentado contra la autonomía institucional.
Herrera respaldó a Ahumada y sostuvo: “Cuando una docente se anima a decir en voz alta lo que muchos viven puertas adentro. Lo que plantea esta docente es lo que vengo denunciando y planteando desde hace tiempo. Una educación que necesita respuestas, inversión, docentes reconocidos y escuelas escuchadas”. Quintero coincidió y agregó: “Mientras algunos mienten y buscan silenciar, hay quienes siguen diciendo la verdad”.