La Sala de Sumarios de la Corte de Justicia resolvió la cesantía del contador público nacional Gonzalo Guiñazú, quien enfrenta una causa penal por fraude a la administración pública.
La Sala de Sumarios de la Corte de Justicia resolvió la cesantía del contador público nacional Gonzalo Guiñazú, quien enfrenta una causa penal por fraude a la administración pública luego de que lo imputaran por haber incorporado a su propia liquidación de haberes una serie de ítems que no le correspondían y por los que percibió $15.400.000 en distintas maniobras que se extendieron por casi un año.
La Corte definió la cesantía de Gonzalo Eduardo Guiñazú el 9 de mayo del año pasado, cuando el hombre de 34 años ya enfrentaba la causa penal (abierta en febrero de ese año). El hombre impugnó el procedimiento sumarial por varios motivos, entre los que incluyó el hecho de que había presentado su renuncia indeclinable al Poder Judicial en marzo de 2025. Sin embargo, el trámite prosiguió ya que la Corte no había aceptado su renuncia y entendió que la relación laboral no había concluido.
Guiñazú era empleado del Poder Judicial desde 2017, había sido designado en la Secretaría Contable en 2022 y desde noviembre de 2024 estaba a cargo del Departamento de Liquidación de Haberes.
Desde ese lugar, incorporó a su propio recibo de sueldo conceptos como «haberes adeudados» y «adicional por 30 años de servicio», con los que durante varios meses cobró un sobresueldo: cuando la maniobra fue descubierta, el secretario Contable, Pablo Andrés Rachid Florit, denunció el hecho e intervino la Fiscalía n°6 a cargo de Facundo Barros Jorrat, quien con una pericia contable determinó que el perjuicio a la administración alcanzó los $15.400.000.
Ante la duda por el hecho, se cotejó el recibo de sueldo de otra agente judicial que cumplía funciones en la misma área y ella no había cobrado «haberes adeudados». Citado para su descargo, Guiñazú reconoció la maniobra y dijo que consideraba que la Corte tenía una deuda con él porque cumplía funciones de mayor responsabilidad, por lo que se incluyó esos ítems para saldar la deuda en cuotas.
«Guiñazú transgredió el deber establecido al emprender una serie de actos inapropiados que no solo trascendieron y lesionaron la confianza en la función pública», señalaron los ministros Miguel Figueroa Vicario, Verónica Saldaño y José Cáceres. En tal punto, citaron jurisprudencia en la que «el actor incumplió su deber de decoro, por cuanto, en vez de privilegiar las exigencias de su función sobre sus intereses particulares, violentó el juicio de previsibilidad que sirve de sostén a la confianza que debe animar a las instituciones en general y al Poder Judicial en particular». Para los jueces, «tal confianza es la que se considera gravemente afectada» por el contador.
La causa penal fue elevada a juicio por el fiscal Barros Jorrat en octubre del año pasado, pero Guiñazú presentó una serie de planteos de oposición. Todos fueron rechazados por el juez de Garantías n°1, Santiago Ahumada Franzzini, quien confirmó las actuaciones del fiscal y solicitó que se fije fecha para el inicio del juicio. Sin embargo, el contador apeló y la causa está pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.