Un informe interno de la Dirección Nacional del INTA indica que los retiros voluntarios provocaron la pérdida de capacidades científicas y técnicas, lo que pone en riesgo investigaciones y servicios estratégicos para el sector agropecuario.
La Dirección Nacional del INTA elaboró un informe interno de 22 páginas que analiza el impacto de los retiros voluntarios en el organismo. Según el documento, un total de 889 agentes se acogieron al régimen de retiro voluntario, lo que representa el 18% de la planta de personal. De ellos, la mitad son profesionales y 233 poseen estudios de posgrado financiados con recursos públicos.
El informe señala que el retiro voluntario “impacta sobre un 23% de las actividades en los territorios, mientras que otro 29% están en riesgo”. Además, indica que “la mayor afectación recae en las líneas de innovación (42% del total)”, involucrando a 29 cadenas productivas y economías regionales en 202 unidades.
El documento también advierte que “la falta de personal calificado no solo genera vacancia absoluta en temas prioritarios -servicios de exportación, economías regionales, nanotecnología y nanovacunas, entre otros-, sino que equipamiento de alta complejidad queda inoperable para brindar servicios al sector y los productores”.
En cuanto a los convenios, el informe indica que “por el Retiro Voluntario ya no puede cumplirse con 93 convenios y servicios de gestión de calidad”. Los más afectados corresponden a empresas privadas (26% del total), entre ellas Crucianelli, LEAF y Don Mario. Asimismo, se menciona que el INTA pierde su nexo técnico ante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU.
El informe concluye que “el retiro voluntario 2026 lejos estuvo de operar como un proceso de readecuación racional precedido por una planificación estratégica, sino más bien funcionó como un mecanismo que profundizó y aceleró una ruptura institucional, afectando el núcleo técnico-científico del INTA”.