La Cámara de Apelaciones confirmó el sobreseimiento del abogado Paulo Ibáñez en la causa que investigaba presuntas irregularidades en el Registro de la Propiedad Inmueble, vinculadas a cambios de matrículas de dos inmuebles adquiridos por Edgar Adhemar Bacchiani. La decisión quedó firme tras la incomparecencia de Fiscalía de Estado a la audiencia.
El abogado Paulo Ibáñez, imputado en una causa por cambios de matrículas en dos inmuebles de Edgar Adhemar Bacchiani en el Registro de la Propiedad Inmueble, fue sobreseído de manera definitiva. La resolución quedó firme luego de que representantes de Fiscalía de Estado no se presentaran a una audiencia convocada en la Sala Penal para sostener un recurso de queja contra el fallo que ya lo había desvinculado del expediente.
Según informaron fuentes judiciales, la defensa de Ibáñez, ejercida por el abogado Sebastián Ibáñez, solicitó el sobreseimiento al considerar que no existían elementos de prueba para continuar el proceso. El juez de Control de Garantías de Primera Nominación, Héctor Rodolfo Maidana, hizo lugar al planteo y dispuso el sobreseimiento en primera instancia. Fiscalía de Estado apeló la decisión, pero el recurso fue rechazado por falta de fundamentación. Ante ello, el organismo interpuso un recurso de queja, que habilitó una audiencia para el 21 de marzo en la Sala Penal. Al no presentarse ningún representante de Fiscalía de Estado, el Tribunal dio por desistido el recurso por incomparecencia.
Paulo Ibáñez afirmó que durante cuatro años fue responsabilizado injustamente y señaló a la exdirectora del Registro de la Propiedad Inmueble, Claudia Patricia Valdez, como la principal responsable administrativa del organismo al momento de los hechos. “La primera responsable administrativa de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble en 2022 era Claudia Patricia Valdez, quien, además de denunciarme, impulsó mi exoneración de esa repartición junto con la Dirección Provincial de Investigaciones y Sumarios Administrativos, que depende de Fiscalía de Estado. Después de cuatro años se demostró mi inocencia y que fui un chivo expiatorio”, declaró en diálogo con El Ancasti.
La causa se inició en 2022, cuando Valdez denunció a Ibáñez y a las empleadas Norma Bravo y Andrea Pacheco por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautoras”. La denuncia se originó a raíz de una auditoría que detectó que no se habían cargado en el sistema los cambios de dominio de dos inmuebles adquiridos por Bacchiani, quien había sido detenido por la Justicia Federal por delitos como estafas, intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita y lavado de activos.
Ibáñez sostuvo que “me denunciaron para cubrir a otros que cometieron un error, ya sea con intención o sin intención. No cargaron los inmuebles en nombre de Bacchiani para que no fueran embargados y este después los pudiera vender”. Agregó que Valdez “trató de cuidar su cabeza y la forma más fácil fue volteando a alguien que, dentro del organismo, no era un empleado más”. Ibáñez fue exonerado de la administración pública por disposición del Poder Ejecutivo tras la pesquisa administrativa de Fiscalía de Estado.
El abogado destacó que, pese a que las tres personas imputadas enfrentaban los mismos delitos, él fue despedido mientras que las empleadas continúan trabajando. “Quedó en evidencia que existe una desigualdad absoluta ante la ley”, afirmó. Además, inició una demanda contra el Estado provincial por daños económicos, financieros, psicológicos y morales, que “continuará su curso hasta que me respondan por lo que me hicieron”.
Por su parte, el defensor Sebastián Ibáñez subrayó que la ausencia de Fiscalía de Estado en la audiencia “implica una falta de respeto a los jueces de la Cámara de Apelaciones, una contradicción a su propio proceder que terminará pagando el Estado y una reprochable actitud hacia la parte acusada”. También destacó “el apego a la ley y a las pruebas que ha manifestado el juez de control de Garantías Santiago Ahumada Franzini, en el dictado del sobreseimiento”.
Los dos inmuebles involucrados, que según la investigación no habían sido cargados a nombre de Bacchiani, habrían quedado fuera de la quiebra y del acervo económico del financista, en un contexto de fuertes denuncias contra Adhemar Capital SRL por estafas en Catamarca.