Un análisis del economista Juan M. Graña sostiene que el estancamiento económico no responde a una coyuntura transitoria sino al modelo aplicado. El texto enumera indicadores de empleo, inversión y consumo, y menciona declaraciones oficiales.
El economista Juan M. Graña publicó un análisis en perfil.com sobre el desempeño de la economía argentina y las explicaciones que atribuye a los defensores del modelo vigente. Según el texto, cada vez que la economía muestra un desempeño decepcionante, los defensores del modelo buscan excusas y proponen modificaciones estéticas para defender un modelo que, afirma, solo les funciona a ellos.
El artículo señala que el gobierno de Milei y los ganadores de su modelo económico comienzan a argumentar ya no la llegada del paraíso, sino que se está en una transición que necesita tiempo. Agrega que algunos sectores más preocupados por la perdurabilidad del modelo señalan cuestiones particulares como la corrupción, la violencia, la ineptitud o la locura del presidente, y proponen otros candidatos para salvar lo que defienden. Sin negar ninguna de ellas, el autor sostiene que debe jerarquizarse las explicaciones: es el modelo aplicado.
De acuerdo con el texto, desde comienzos de 2025, hace ya 18 meses, la economía argentina muestra una imagen similar a la actual, por lo que debería reconocerse que esto es lo que puede ofrecer el modelo económico. Salvo los cuatro sectores conocidos (agro, minería, energía y finanzas), la economía está estancada. Ese estancamiento, según el autor, es producto de un mercado interno destrozado porque los ingresos son anclas antiinflacionarias, porque las tasas de interés no son razonables y son volátiles, y porque se combina un nivel apreciado de tipo de cambio con apertura comercial. La expresión máxima de ese estancamiento es la caída de la inversión productiva, con una variación de -11% entre los primeros trimestres de 2025 y 2026.
El artículo indica que ese estancamiento viene de la mano de una economía que destruye sistemáticamente empleo de calidad en el sector privado, totalizando 235 mil puestos perdidos, y que las remuneraciones se mantienen un 5% por debajo de las de noviembre de 2023, lo que sería superior con la necesaria actualización del IPC. A ese panorama del sector productivo privado se suma, según el texto, la situación de los empleados públicos, con remuneraciones un 20% menores, llegando al 40% en los nacionales, y 70 mil empleos menos. A ellos se suman cientos de miles de puestos de trabajo informales creados como refugio, con peores condiciones e ingresos, o los cerca de 5 millones de jubilados de la mínima que perdieron 10% de poder adquisitivo por la licuación del bono. El autor sostiene que así no es difícil entender la caída que muestran todos los rubros de consumo masivo y los elevados niveles de mora de las familias.
Según el análisis, los resultados son malos y hace meses que el superávit fiscal, más allá de contabilidad creativa con los intereses capitalizados, desvío de fondos de impuestos con asignación específica o deuda flotante, se viene comprimiendo por caída de la recaudación vinculada a la actividad interna. El texto menciona que Caputo declaró que no puede seguir ajustando, pero igual recortaron 10% del gasto en agosto. Agrega que el gobierno reduce impuestos a los sectores de mayor capacidad contributiva: blanqueos, bienes personales o consumos suntuarios.
El autor señala que los defensores del modelo ya reconocen las penurias, pero argumentan que lo que se observa es una transición. Llegando al final del tercer año de gobierno y sin perspectivas de cambio, afirma que no se puede más que confirmar que esto es lo que tiene para ofrecer el modelo. Plantea cómo podría este modelo permitir mejores resultados, es decir, cómo generar encadenamientos productivos y empleo a partir de los sectores primarios elegidos como ganadores por el gobierno. La respuesta que propone es sencilla: a través del desarrollo de proveedores o invirtiendo parte de los recursos obtenidos en el resto de la economía. Pero sostiene que ambos están vedados por decisiones del gobierno. Por un lado, el RIGI limita ese proceso por los beneficios y nulas condicionalidades que le dieron a las empresas. Por el otro, por la política tributaria del gobierno y el desmantelamiento de la obra pública. El modelo está diseñado para concentrar los beneficios en sectores elegidos que además, por sus características estructurales, generan muy poco empleo. La caída del 5% en industria y construcción en julio demostraría, según el autor, que no se está en transición a nada mejor.
El texto concluye que lo observado no es coyuntural ni requiere tiempo. En ese marco, los defensores del modelo ya comienzan a culpar a las características particulares del gobierno nacional: la corrupción, la incapacidad o los modos impedirían los resultados. Y buscan nuevos candidatos para el mismo modelo. Si se quieren otros resultados, el autor sostiene que se necesita una alternativa que busque la estabilidad con una distribución más equitativa de los costos del proceso, lo que requiere mecanismos para una recomposición urgente de los ingresos (salario mínimo, paritarias y jubilaciones). Y acompañarla de una política macroeconómica y productiva que impulse un crecimiento económico más homogéneo, donde la reactivación de la inversión pública debe tener un lugar destacado.