El Banco Central clasifica a 3,8 millones de personas en Situación 5, con más de un año de atraso en obligaciones financieras. Representa la categoría más grave de la clasificación crediticia.
Argentina registra 3,8 millones de personas calificadas como deudores irrecuperables, según la clasificación del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata de la categoría más grave, la llamada Situación 5, que agrupa a los créditos con más de un año de atraso en el pago de obligaciones financieras y que las entidades consideran de imposible cobro.
Para una persona y su grupo familiar, quedar registrado en Situación 5 implica una inhabilitación financiera de hecho: pierde la posibilidad de acceder a nuevas líneas de crédito en el circuito formal, de obtener una tarjeta de crédito o de abrir una cuenta en un banco o en una entidad fintech. Esa exclusión condiciona decisiones como alquilar una vivienda, comprar en cuotas o garantizar un empleo que requiera informes crediticios.
A esa inhabilitación se suma, de manera inmediata, una gestión de cobranza extrajudicial que puede quedar en manos de estudios jurídicos que compran carteras de deuda a los bancos por una fracción de su valor y luego inician, por cuenta propia, reclamos sistemáticos. Esa gestión se traduce en llamados reiterados, intimaciones y un hostigamiento que puede derivar en el embargo de un porcentaje del sueldo, de cuentas bancarias o de bienes.
La segunda lectura es sistémica. Cuando la cantidad de personas en esta situación representa un porcentaje relevante del total de deudores del sistema financiero y no financiero, el problema deja de ser privado y se convierte en una cuestión de escala macroeconómica. El sistema bancario que acumula una cartera creciente de créditos incobrables debe absorber esas pérdidas —las entidades financieras ya debieron pasar a pérdida más de 140.000 préstamos, por varios billones de pesos, en lo que va del año—, lo que encarece y restringe el financiamiento disponible para el resto de la economía. Menos crédito disponible significa, a su vez, menos consumo, lo que profundiza el estancamiento de sectores que ya venían golpeados y alimenta un círculo en el que la caída de las ventas presiona sobre la morosidad comercial entre proveedores y empresas, extendiendo el problema desde el terreno de las familias hacia el tejido productivo.
Frente a este cuadro, desde el Gobierno nacional se ha sostenido que el sobreendeudamiento de los hogares es un asunto “entre privados”.