Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal, en 2025 se registraron 5.209 suicidios en Argentina, un 22,6% más que el año anterior. La tasa nacional alcanzó 11,8 casos por cada 100.000 habitantes. Catamarca registró una tasa de 14,2, con un aumento del 55,3% respecto de 2024.
El incremento sostenido en los últimos años de los suicidios en la Argentina ha pasado a ser, por su gravedad, un problema imposible de ignorar. Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal, en 2025 se quitaron la vida 5.209 personas, un 22,6% más que el año anterior y la cifra más alta desde que existen registros comparables. La tasa nacional trepó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial que informa la Organización Mundial de la Salud. Catamarca está entre las cinco provincias con mayor tasa de suicidios a nivel nacional (14,2 casos por cada 100.000 habitantes) con una variación positiva anual entre 2024 y 2025 del 55,3%.
Desde 2023, el suicidio es la principal causa de muerte violenta en el país, y en 2025 triplicó a los homicidios dolosos. El fenómeno es la expresión más extrema de un malestar social que atraviesa, con especial crudeza, a los varones jóvenes. El 78,6% de las víctimas fueron hombres, con mayor concentración entre los 18 y los 34 años. Son los jóvenes que intentan insertarse en el mundo laboral quienes enfrentan el cuadro más severo. El dato no es casual. Coincide con el deterioro sostenido del mercado de trabajo: desde noviembre de 2023 se perdieron 314.000 empleos registrados, la desocupación cerró 2025 en 7,5% -el nivel más alto desde la pandemia- y entre los menores de 29 años la tasa superó el 16%. A esto se suma el fenómeno del endeudamiento de los hogares. El 91,7% mantiene al menos una deuda activa, y entre los jóvenes de 18 a 30 años la mora ronda el 40%, la más alta de todos los grupos etarios.
Las dificultades para conseguir empleo y la crisis del endeudamiento son las causas principales del incremento de los casos de suicidios entre jóvenes en Argentina.
Quienes trabajan a diario con estas problemáticas coinciden en que el perfil de los casos cambió. Ya no predominan los cuadros asociados exclusivamente a trastornos mentales o consumos problemáticos, sino una vinculación cada vez más estrecha con las condiciones materiales de vida, marcadas por la pérdida del empleo, la imposibilidad de proyectar un futuro o la sensación de asfixia que produce una deuda impagable. Frente a este escenario, la respuesta del Estado nacional ha sido paupérrima. La Ley Nacional de Salud Mental establece que el área debería recibir al menos el 10% del presupuesto sanitario, pero para 2026 la asignación prevista apenas alcanza el 1,42%. El programa específico para implementar la ley sufrirá una reducción del 91,5% respecto de los recursos de 2025.
Revertir la tendencia del incremento de los suicidios exige una respuesta integral que combine, por un lado, una política de salud mental con financiamiento real, que cumpla al menos con el piso presupuestario que la propia legislación argentina establece. Pero además resulta imprescindible la implementación de políticas de empleo y de desarrollo productivo capaces de devolverles a los jóvenes un horizonte de vida que hoy, para demasiados de ellos, simplemente no existe. Ninguna terapia, por más accesible que sea, puede compensar la ausencia estructural de futuro.