Mientras 15 provincias argentinas amanecieron ayer con escuelas cerradas por un paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en Catamarca el panorama fue incierto pero diferente: el Gobierno provincial dictó una conciliación obligatoria de último momento que obligó a levantar la medida de fuerza, pero no pudo evitar que el primer día de clases transcurriera entre la confusión, la baja asistencia de alumnos y una masiva protesta de docentes autoconvocados que marcharon hacia la Casa de Gobierno para rechazar lo que consideran una medida «ilegal».
La decisión del Ejecutivo de frenar el paro por 15 días generó un comienzo de clases atípico, con escuelas que abrieron sus puertas pero se encontraron con aulas prácticamente vacías y una jornada escolar que, en muchos casos, duró apenas media mañana, mientras un sector de la docencia se volcaba a las calles para mantener viva la protesta.
Aulas semivacías
El anuncio de la conciliación obligatoria llegó en la tarde del domingo, tomando por sorpresa a docentes, padres y alumnos. Esta falta de previsibilidad se tradujo en una imagen desoladora durante la mañana del lunes en las escuelas del casco céntrico de la Capital. Según pudo constatar El Ancasti en un recorrido por la zona, la asistencia de estudiantes fue mínima. La incertidumbre sobre si realmente habría clases o no jugó un papel determinante, dejando aulas semivacías y a los pocos alumnos que asistieron en una situación confusa. Varias instituciones educativas optaron por implementar una jornada de medio día, lo que provocó que los estudiantes se retiraran antes del mediodía.
Docentes autoconvocados
Por otra parte, un numeroso grupo de docentes autoconvocados decidió mantener el plan de lucha y salir a las calles. Desde las 10 de la mañana, la protesta se hizo sentir con una concentración en el Parque de los Niños, desde donde marcharon hacia Casa de Gobierno para hacer visible su reclamo y rechazar la medida del Ejecutivo provincial.
En un comunicado, los educadores calificaron la conciliación obligatoria dictada por el gobernador Raúl Jalil como «improcedente, ilegal y anticonstitucional». Argumentaron que el derecho a huelga «se encuentra plenamente vigente y amparado por la Constitución Nacional» y que ninguna medida administrativa puede vulnerarlo. Los autoconvocados reafirmaron su decisión de continuar con las acciones gremiales hasta obtener una propuesta salarial que consideren acorde a la crítica situación económica actual.
«Hecho inédito»
En diálogo con «Mañana Central» de Ancasti Streaming, Mariana Ventrice, secretaria adjunta de SiDCa, calificó la situación como un hecho «inédito». La dirigente cuestionó que el llamado a conciliación se haya realizado «fuera de jurisdicción» y en un contexto de doble convocatoria a nivel nacional y provincial.
«Es un hecho inédito, porque hoy está llamado un paro a nivel nacional por parte de la CGT, al que adheríamos y un plan de lucha que se había planteado a través de la Intersindical», explicó Ventrice. «Somos respetuosos de la norma, pero al mismo tiempo dejamos en libertad a nuestros afiliados para que se manifiesten. Les hemos solicitado acatar la conciliación y advertir las circunstancias», dijo en clara referencia a la movilización de los autoconvocados. La dirigente confirmó que ambas partes se reunirán nuevamente este jueves 5 de marzo para intentar destrabar el conflicto. Mientras tanto, el gremio se mantiene en alerta a la espera de una oferta salarial que mejore el poder adquisitivo de los docentes.
Informe de UDA
Por su parte, la secretaria general de UDA, Nancy Agüero, indicó que la adhesión al paro nacional convocado por CTERA y UDA fue de un 90% hasta el mediodía, a pesar de la conciliación obligatoria. UDA emitió un comunicado en el que cuestionó la notificación de la conciliación en día inhábil, pero decidió acatarla «en un gesto de responsabilidad institucional». Como condición para garantizar la paz social, el gremio exigió al Gobierno que no descuente el día de paro a los docentes, argumentando la irregularidad de la medida y su carácter nacional.
De cara a la mesa técnica del jueves, UDA adelantó que su principal exigencia será equiparar el piso salarial docente con el de las fuerzas de seguridad, fijado en $1.200.000. Finalmente, advirtieron que, si no hay una oferta que cubra el costo de vida, retomarán las medidas de fuerza «con mayor dureza» una vez finalizada la conciliación.