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5 de septiembre de 2023 – 01:15
En una campaña presidencial donde no abundan las propuestas, poco o nada se ha dicho respecto de las políticas para la inmigración que tienen los principales candidatos. Ayer se celebró el Día del Inmigrante en la Argentina, celebración instaurada en 1949 en recuerdo de la disposición dictada por el Primer Triunvirato apenas dos años después de la asunción del primer gobierno patrio. Aquella disposición garantizaba protección a los individuos de todas las naciones que desearan fijar domicilio en el país.
Desde entonces la apertura a las corrientes inmigratorias ha sido casi una constante, con períodos donde se las alentó explícitamente y con medidas concretas. Por esta razón Argentina tiene un reconocimiento internacional como buen anfitrión de los extranjeros.
Lee además La orientación de esta política fue formalizada en 2003, cuando se sancionó la Ley de Migraciones, y fue ratificada siete años más tarde en oportunidad de su reglamentación. La norma reconoció la migración como un derecho humano, garantizando a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios y laborales, sin importar la condición legal en que se encuentren.
Este paradigma ha sido cuestionado en los últimos años, en consonancia con el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y la mayoría de las naciones europeas, que ponen cada vez más trabas legales a la llegada de extranjeros. De hecho, durante el período de gobierno de Cambiemos se advirtieron algunos cambios en el enfoque, que se plasmaron en el dictado de un decreto en el año 2017 que fue caracterizado como “regresivo”. “La reforma impuesta por el presidente Macri dilata el plazo necesario para acceder a la ciudadanía nacional, amplía las causas de denegación y de cancelación de residencia en el país, así como amplía las de expulsión, debilita el derecho de defensa y extiende o acelera notablemente las posibilidades de detención de migrantes sujetos a un trámite de expulsión” publicó ese año el diario español El País.
La concepción del extranjero que viene a la Argentina, sobre todo si proviene de países latinoamericanos, a aprovechar los recursos locales –por ejemplo, la salud o la educación públicas gratuitas- o a delinquir es cuestionada tanto por los referentes de la Libertad Avanza como por Patricia Bullrich. Esta última señaló hace poco más de dos meses que “las universidades están vacías de alumnos argentinos porque casi la mitad de la matrícula la ocupan extranjeros que vienen y toman esos lugares”. En rigor, el porcentaje real es del 4%.
La política inmigratoria -como la política exterior, en la que se advierte una nueva grieta entre los que apoyan el ingreso de la Argentina a los BRICS y los que se oponen-, merece, además de mayor lugar en las propuestas de las fuerzas políticas, un amplio debate que puede derivar en algunas modificaciones a la que ha sido la histórica posición nacional, pero de ninguna manera cerrar puertas a todos los hombres y las mujeres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.