El funcionario delineó los primeros pasos de la gestión y remarcó los beneficios que la eximición de impuestos.
Abel Martínez asumió como director provincial de la Zona Franca de Tinogasta y delineó los primeros pasos de la gestión, con eje puesto en el impacto que el proyecto tendrá para el sector privado. El funcionario, que pasa a depender directamente de la Secretaría de Coordinación e Integración y Logística a cargo de Rosana Solohaga, remarcó que la eximición de impuestos permitirá mejores costos para las empresas y la generación de empleo genuino en la región.
Martínez, que sigue de cerca el proyecto desde hace 11 años, explicó que la etapa actual consiste en avanzar con la reglamentación del convenio recientemente firmado entre Nación y Provincia, previo a la conformación de una comisión de seguimiento y evaluación. Recordó que un primer intento de convenio, no prosperó y que esta vez el trabajo se articula junto al ministro Lucas Poliche, el legislador Sebastián Nóblega, la senadora Pamela López y el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada. «Este es el momento cero, donde no podemos equivocarnos», señaló, sobre la planificación conjunta con el Gobierno provincial y el municipio para definir el modelo de implementación.
Sobre el interés del sector privado, el director recordó que, hace un año o dos, ya habían recibido a inversores de otras provincias interesados en radicarse en la zona franca, tras una recorrida por el predio. Adelantó que ese vínculo deberá retomarse en esta nueva etapa, con el objetivo de entusiasmar a los privados para que se instalen en Tinogasta. Solohaga agregó que la falta de competitividad fue históricamente un límite para la provincia pese al valor del corredor bioceánico y que la zona franca ofrece ahora esa competitividad para radicar grandes emprendimientos.
El director explicó que la eximición impositiva es transitoria y depende del destino de la mercadería: si un insumo importado ingresa para ser procesado dentro del predio, puede reexportarse pagando impuestos solo sobre esa porción, mientras que todo lo que tenga destino de mercado nacional debe nacionalizarse y pagar los tributos correspondientes al salir de la zona.
En el caso de la minería, Martínez señaló dos usos posibles: la importación de maquinaria y equipamiento de alta tecnología, que puede quedar depositado en la zona franca hasta el momento de su nacionalización, o directamente el desarrollo de etapas del proceso productivo como el enriquecimiento del litio con insumos importados mínimos, para luego reexportar el producto ya elaborado, con un valor agregado local que hoy no es posible sin ese esquema.
El predio destinado al proyecto tiene 38 hectáreas, ubicado a unos seis kilómetros del centro de Tinogasta, sobre la salida hacia Fiambalá, con posibilidad de ampliación futura. Martínez indicó que restan definir el cerramiento perimetral y el acondicionamiento de oficinas y playa de operaciones, además de la creación de la comisión de seguimiento que marcará los próximos pasos administrativos.