La Cámara de Apelaciones anuló el sobreseimiento de Paulo Ibáñez en la causa del Registro de la Propiedad y ordenó que el Juzgado de Control de Garantías Nº1 emita un nuevo pronunciamiento debidamente fundado.
La Cámara de Apelaciones decidió anular el Auto Interlocutorio con el que el Juzgado de Control de Garantías nº1 había dictado el sobreseimiento de Paulo Ibáñez en la causa del Registro de la Propiedad, en la que se lo investiga por una supuesta maniobra irregular destinada a beneficiar a Edgar Adhemar Bacchiani. Las actuaciones deberán volver a Control de Garantías para emitir un nuevo pronunciamiento «debidamente fundamentado».
El Tribunal, conformado por los jueces Rosa Elena Berrondo Isi, Horacio Brizuela y Jorge Palacios, resolvió por unanimidad «declarar de oficio la nulidad del Auto Interlocutorio n°972/2025 dictado por el Juzgado de Control de Garantías nº1, en virtud de lo dispuesto por los artículos 142 y 185 del Código Procesal Penal y 208 de la Constitución Provincial». Estos artículos establecen que los autos interlocutorios deben estar fundamentados.
En consecuencia, el expediente fue remitido al Juzgado de Control de Garantías «a los fines de que se emita un nuevo pronunciamiento debidamente fundado». El juez Santiago Ahumada Franzini deberá pronunciarse nuevamente respecto de este expediente.
Sebastián Ibáñez, abogado de Paulo Ibáñez, declaró que el Tribunal «no revocó el sobreseimiento de Ibáñez». «La Cámara dice que el sobreseimiento es nulo porque no está fundamentado. Esto significa que si el juez ahora fundamenta bien el sobreseimiento, la Cámara lo puede confirmar en caso que vuelva de nuevo a la Cámara de Apelaciones. Hay pruebas de sobra en el expediente para que el juez fundamente mejor o fundamente bien el sobreseimiento de Paulo Ibáñez. Vamos a renunciar al plazo para impugnar esta decisión de la Cámara y vamos a instar al juez de Control de Garantías para que inmediatamente fundamente debidamente el sobreseimiento que oportunamente dictó», afirmó.
El pedido de celeridad se relaciona con que Ahumada Franzini permanece como juez en comisión y está previsto que el mes próximo asuma en su lugar Jonathan Felsztyna, designado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado en junio.
La causa
La investigación se inició en 2022 cuando se detectó que dos matrículas catastrales que debían estar a nombre de Edgar Adhemar Bacchiani no fueron inscriptas correctamente para evitar que, al quedar registradas, pudieran ser reclamadas por los acreedores. Los apuntados tras una auditoría del Registro de la Propiedad fueron el abogado Paulo Ibáñez, exjefe del Departamento de Folio Real, y quienes fueron sus empleadas subalternas, Norma del Valle Bravo (59) y Andrea Beatriz Pacheco (39).
En 2024, Ibáñez fue expulsado del organismo por decreto del Ejecutivo Provincial, tras una investigación administrativa realizada por la Fiscalía de Estado. Los tres fueron imputados por el fiscal Facundo Barros Jorrat por «incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores». Las dos mujeres no fueron cesanteadas.
La causa fue elevada a juicio en diciembre de 2024. La defensa de Ibáñez pidió el sobreseimiento aduciendo que no había elementos de prueba para sostener la acusación. Un año después, el juez de Control de Garantías N°1 dictó el sobreseimiento y dejó firme la elevación a juicio de Bravo y Pacheco.
Esa resolución no fue apelada por el fiscal Barros Jorrat, pero sí por los abogados de Fiscalía de Estado, Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, quienes atacaron el sobreseimiento de Ibáñez.
La Cámara de Apelaciones dispuso que el 21 de mayo se realice la audiencia para que los representantes del Estado fundamenten su planteo, pero estos no se presentaron. Los jueces dieron por desistido el planteo y emitieron una resolución que confirmó el sobreseimiento. Sin embargo, Rosales y Aibar exigieron a la Cámara que fije nueva fecha de audiencia al señalar que no habían sido correctamente notificados de la citación anterior. Apelaciones hizo lugar al pedido y la audiencia fue el viernes pasado.