Directores médicos de los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que la continuidad de la atención sanitaria está en peligro debido a la falta de transferencias de fondos del Gobierno nacional en los primeros meses del año.
Los directores médicos de los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron que la continuidad de la atención sanitaria está en riesgo debido a la falta de financiamiento por parte del Gobierno nacional. Durante una conferencia de prensa realizada en el Hospital de Clínicas José de San Martín, las autoridades señalaron que en los primeros cinco meses del año no se transfirieron fondos correspondientes al presupuesto operativo, lo que complica seriamente el funcionamiento de los centros de salud.
La red hospitalaria de la UBA está integrada por seis instituciones, entre ellas el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” y el Instituto de Tisioneumonología “Raúl Vaccarezza”, que en conjunto atienden a unas 700.000 personas al año. Según detallaron, el presupuesto adeudado asciende a unos 80.000 millones de pesos, de los cuales una parte significativa debía haberse ejecutado entre enero y abril.
“No hemos visto un solo peso en todo el cuatrimestre”, afirmó el director del Instituto Lanari, quien advirtió que en estas condiciones será difícil sostener la calidad de la atención. Frente a la falta de recursos, los hospitales debieron recurrir a medidas extraordinarias como retrasar pagos a proveedores, limitar prestaciones e incluso solicitar donaciones para garantizar insumos básicos y medicamentos, muchos de ellos dolarizados.
Por su parte, el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, aseguró que el establecimiento funciona actualmente al 50% de su capacidad. “No podemos ampliar internaciones ni cirugías. Estamos achicando el funcionamiento, pero eso tiene un límite”, sostuvo. Además, remarcó el fuerte deterioro salarial del personal de salud, con ingresos por debajo de la línea de pobreza en muchos casos, lo que agrava aún más la crisis del sistema.
Las autoridades coincidieron en que, de no regularizarse el envío de fondos, en un plazo de pocas semanas podría verse seriamente afectada la prestación de servicios esenciales, comprometiendo tanto la atención de pacientes como la formación de futuros profesionales de la salud.