La Oficina del Presidente emitió un comunicado celebrando la sanción definitiva de la modificación de la ley, que según el Ejecutivo fortalece el federalismo y otorga mayor claridad en la protección y administración de los recursos.
El Gobierno nacional celebró la sanción definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares y defendió los cambios como una medida clave para «garantizar seguridad jurídica» y fortalecer el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales.
A través de un comunicado, la Oficina del Presidente destacó la aprobación en el Congreso del proyecto que modifica la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Según indicaron, esta reforma aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas. Al mismo tiempo, permite, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de minerales en terrenos que, según señalaron, estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley.
En esa línea, cuestionaron la redacción original de la norma al considerar que generaba «interpretaciones absurdas» que impedían el desarrollo de la actividad minera, incluso en zonas «donde no había nada que proteger», según el comunicado oficial. Además, señalaron que esas restricciones contradecían el artículo 41 de la Constitución, vinculado al uso racional de los recursos naturales, y el artículo 124, que establece el dominio originario de las provincias.
El comunicado también remarcó que la reforma responde a un reclamo histórico de las provincias nucleadas en la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre, que suman a Mendoza y San Juan. Según el Gobierno, la norma «les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista».
En el texto, el Ejecutivo sostuvo además que la iniciativa elimina «trabas artificiales» que impedían el progreso económico y reafirma que «el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera». Por otra parte, cuestionó la injerencia de organizaciones extranjeras y sectores ambientalistas, al considerar que sus posturas buscan impedir el desarrollo del país.
Finalmente, el presidente Javier Milei agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), así como a funcionarios y equipos técnicos que participaron en la elaboración del proyecto. Según destacó: «Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido. A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos».