En una sesión ordinaria, el Senado provincial dio su aval final a tres iniciativas legislativas que buscan impactar en áreas sensibles para la comunidad catamarqueña. El paquete, que ya contaba con media sanción, fue impulsado desde el Poder Ejecutivo y recibió el respaldo de la mayoría de los legisladores presentes.
Modernización judicial y apoyo a la producción
Entre las leyes sancionadas se destaca la creación de la Oficina de Gestión Judicial, un organismo que funcionará como nexo tecnológico entre los jueces de paz del interior y el sistema judicial central. El objetivo declarado es agilizar trámites y acercar el servicio de justicia a los habitantes de localidades alejadas de la capital.
En paralelo, se aprobó la expropiación de un inmueble ubicado dentro del Parque Industrial El Pantanillo. La medida está orientada a facilitar la radicación de nuevas empresas, en un contexto donde la generación de empleo privado es una prioridad para la gestión provincial.
Un nuevo marco para la justicia familiar
La tercera ley de este bloque es el nuevo Código Procesal de Familia, una normativa que actualiza los procedimientos judiciales en esta materia. Según sus impulsores, el texto incorpora perspectivas modernas y busca proteger de manera más efectiva los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Reacciones en el recinto
El senador por Ancasti, Rodolfo Santillán, se refirió específicamente al proyecto vinculado al Parque Industrial. «La falta de trabajo es muy grande y necesitamos generar oportunidades para nuestros jóvenes. El empleo genuino lo generan las empresas», afirmó, expresando su esperanza de recuperar la actividad fabril en la zona.
Por su parte, la senadora por Pomán, Lorena Casas, calificó al nuevo Código de Familia como «un avance histórico». «Catamarca está viviendo una transformación judicial que hace décadas no se veía. Esta ley acerca la justicia a las comunidades más vulnerables», señaló durante el debate.
Con la sanción definitiva del Senado, el trámite legislativo para estas tres leyes ha concluido. Los textos pasan ahora a la mesa del gobernador para su promulgación y posterior reglamentación, en un movimiento que busca reforzar tanto el sistema judicial como la base productiva de la provincia.