Un suboficial de la Policía Federal Argentina fue detenido el miércoles por la noche en la Capital con 300 gramos de cocaína fraccionada para la venta. El hombre es oriundo de Buenos Aires y desde hace ocho años presta servicio en la delegación Catamarca. Es el cuarto integrante de una fuerza de seguridad que cae en menos de un año en la provincia por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El procedimiento fue realizado alrededor de las 21.40 por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, en la Quebrada de Moreira, en inmediaciones de la rotonda de Banda de Varela.
El operativo se concretó tras varias semanas de investigación y en cumplimiento de una orden de registro vehicular y requisa dispuesta por el Juzgado Federal de Catamarca. Los agentes interceptaron un automóvil Fiat Idea, conducido por un hombre de 42 años, integrante de la fuerza federal.
Junto a efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales Kuntur, los investigadores inspeccionaron el vehículo y hallaron 330 envoltorios -conocidos como “ravioles” o “papelitos”- de cocaína, acondicionados para su comercialización.
Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular, una pistola reglamentaria Bersa Thunder con 17 cartuchos calibre 9 milímetros, una computadora, documentación y el automóvil.
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Ante la fuerte repercusión del caso, la oficial principal Evelyn Mercedes Maita, de la Dirección de Drogas Peligrosas, informó que la pesquisa se inició tras la recepción de denuncias anónimas recibidas en enero a través de la línea gratuita 0800-555-6637.
Explicó que, según las alertas, el policía realizaba sospechosos intercambios en la Quebrada de Moreira y que, en forma paralela, se efectuaron varios allanamientos en domicilios de Capital y Paclín que el suboficial frecuentaba.
Infiltración narco
En 2025, tres policías de la provincia fueron arrestados por narcotráfico. El primero cayó el 8 de marzo en Tinogasta, cuando efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas solicitaron a personal de Gendarmería Nacional -que realizaba un control vehicular en el empalme de las rutas nacionales 60 y 40, a la altura de Cerro Negro-. que inspeccionara un vehículo.
En el procedimiento fue detenido un sargento de la Policía que transportaba 76 gramos de cocaína y más de un kilo de marihuana. Viajaba junto a un suboficial de 47 años, a quien además se le secuestraron tres teléfonos celulares.
El segundo policía provincial fue detenido en Tucumán el 10 de octubre. El hombre se encontraba con tareas pasivas por un robo y ese día aguardaba una encomienda con más de cinco kilos de marihuana.
El tercero, un oficial ayudante de 28 años, fue arrestado el 2 de diciembre sobre la ruta nacional 38, en el Puesto Caminero La Viña, departamento Paclín. Viajaba en un colectivo de larga distancia junto a una mujer de 25 años y trasladaban más de 13 kilos de marihuana de alta potencia, conocida como “Cripy”.
El cuarto y último caso fue protagonizado por el suboficial de la Policía Federal, lo que refuerza la preocupación por la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad.
Según archivos oficiales y registros de este diario, es la primera vez que, en menos de un año, cuatro procedimientos distintos terminaron con cuatro policías detenidos por narcotráfico en Catamarca. Todos fueron sorprendidos in fraganti con estupefacientes.
Sin narcotest
Mientras provincias como Córdoba, San Luis, Santa Fe, Neuquén y recientemente Salta avanzaron con la obligatoriedad de narcotest para funcionarios y fuerzas de seguridad, Catamarca aún no cuenta con una normativa similar.
En la Legislatura provincial se presentaron tres proyectos desde 2020, pero ninguno se convirtió en ley. Uno de ellos incluso obtuvo media sanción en Diputados, aunque perdió estado parlamentario al no ser tratado en el Senado. El primer intento fue impulsado en 2020 por la entonces diputada Verónica Mercado y estaba dirigido exclusivamente al personal policial, con el objetivo de dar una señal de transparencia ante la sociedad.
La iniciativa proponía controles sorpresivos, aunque priorizaba un enfoque sanitario, evitando sanciones para quienes aceptaran iniciar tratamientos de rehabilitación.
En 2025 el debate se reactivó con dos proyectos más amplios. El ex diputado Hugo Ávila propuso controles obligatorios que alcanzaban a funcionarios del Ejecutivo, legisladores, municipios, concejos deliberantes, candidatos y representantes provinciales en YMAD.
En tanto, el bloque Generación del Cambio planteó narcotest anuales para funcionarios de los tres poderes del Estado y organismos públicos, con posibles suspensiones o sanciones ante resultados positivos.