El Gobierno nacional impulsa una profunda reforma del sistema penal juvenil a través de un proyecto de ley que ya cuenta con dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplaza a la actual Ley 22.278, vigente desde 1980, y establece un marco integral para el juzgamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
El proyecto alcanza a jóvenes de entre 14 y 18 años, fija nuevas reglas procesales, redefine las sanciones aplicables y prioriza la reinserción social por sobre el castigo, aunque también endurece algunos criterios en casos graves.
Si el Congreso aprueba la ley, entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Además, las provincias deberán adecuar sus normativas locales al nuevo régimen.
Baja de la edad de imputabilidad y nuevo enfoque
Uno de los cambios más relevantes es que el régimen se aplicará a partir de los 14 años, cuando el adolescente sea imputado por un delito previsto en el Código Penal o en leyes especiales.
El texto aclara que el objetivo central es educativo y resocializador, no punitivo. En ese sentido, establece que el sistema debe “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Además, se garantiza el respeto de los derechos constitucionales y tratados internacionales, incluyendo el derecho a defensa, el debido proceso y el principio de inocencia.
Qué penas podrán recibir los adolescentes
El proyecto establece un sistema gradual de sanciones, que prioriza medidas alternativas a la prisión. Entre ellas se incluyen:
- Amonestaciones judiciales
- Obligación de asistir a programas educativos o de capacitación laboral
- Tratamientos psicológicos o de salud
- Prohibiciones de acercamiento o de concurrir a determinados lugares
- Prestación de servicios comunitarios
- Monitoreo electrónico
- Reparación del daño a la víctima
La prisión queda reservada para casos graves y como última instancia. Incluso en esos casos, el texto fija límites claros. “Queda prohibida la imposición de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes”, establece el proyecto.
El plazo máximo de privación de libertad será de 15 años, aun cuando el delito tenga una escala penal mayor para adultos.
Detención diferenciada y sin contacto con adultos
Otro punto central es la prohibición de alojar adolescentes con personas mayores de edad. El proyecto ordena que los jóvenes privados de libertad cumplan la pena en institutos especializados, con personal capacitado y programas educativos obligatorios.
Además, se establece que la detención debe orientarse a la reinserción social. “La privación de la libertad deberá estar orientada a la educación, formación y reinserción social del adolescente, mediante el respeto de la dignidad humana”.
Derechos para las víctimas
El régimen también refuerza el rol de las víctimas, que podrán:
- Acceder a patrocinio jurídico gratuito
- Participar del proceso penal
- Ser escuchadas en instancias de mediación
- Solicitar medidas de protección
En determinados casos, el fiscal podrá aplicar criterios de oportunidad o mediación penal, siempre que no haya existido violencia grave ni muerte.
Control judicial y seguimiento obligatorio
Cada adolescente condenado deberá contar con un supervisor especializado, encargado de monitorear el cumplimiento de las medidas impuestas, elaborar informes periódicos y acompañar el proceso de reinserción.El proyecto también exige que jueces, fiscales y defensores cuenten con formación específica en derecho penal juvenil, y prevé sanciones disciplinarias si se incumplen los plazos razonables del proceso.