En su última sesión, la Cámara de Diputados de la provincia otorgó media sanción al proyecto «Detox catamarqueño», una iniciativa que propone derogar más de 200 leyes provinciales que quedaron obsoletas, cayeron en desuso o perdieron vigencia con el paso del tiempo. El proyecto fue presentado por el diputado Tiago Puente del bloque Generación del Cambio y contó con el apoyo tanto de legisladores del oficialismo como de la oposición.
La iniciativa busca depurar y ordenar el sistema normativo provincial, eliminando normas que generan confusión y dificultan la labor legislativa. Entre las leyes que serían derogadas figuran algunas que llaman la atención por su contenido histórico y curioso, que dan cuenta de circunstancias y necesidades de otras épocas.
Entre las normativas más llamativas que serían derogadas se encuentra la Ley 51 sobre reglamentación de riñas, la Ley 105 sobre enrolamiento en la Guardia Nacional y la Ley 146 que destinaba ayuda a «desgraciados que sufren hoy en Buenos Aires». También desaparecerían del plexo normativo la Ley 215 sobre gastos para repeler una rebelión contra el Gobierno Nacional.
Otras leyes que perderían vigencia incluyen la Ley 425 sobre compra de maíz para su expendio, la Ley 872 destinada a «salvar la situación precaria del proletariado», y la Ley 1224 que prohibía la caza de lampalagua. También se eliminarían la Ley 2114 sobre concesión de energía a radioaficionados y la Ley 3563, que homenajeaba al ex presidente Aramburu.
La Ley 3747, que en su momento declaró a Belén como capital provincial, también forma parte del listado. Asimismo, se derogaría la Ley 3793 sobre horario de apertura y cierre de comercios y la Ley 981 que otorgaba subsidio a la Liga Catamarqueña de Foot-Ball, entre muchas otras.
Clasificación
El proyecto agrupa las leyes obsoletas en siete categorías. La primera incluye normativas de obsolescencia histórica, que respondieron a circunstancias específicas de otras épocas y ya no tienen aplicación. La segunda agrupa leyes que fueron superadas por nueva normativa más moderna y actualizada.
Una tercera categoría reúne leyes que ya cumplieron su objetivo específico, como la construcción de obras o la realización de censos. El cuarto grupo incluye normativas vinculadas a instituciones o programas que ya no existen, como el Banco de San Juan o referencias al Banco Provincial antes de su privatización.
La quinta categoría engloba leyes que dispusieron subsidios o aceptaron donaciones puntuales que ya fueron ejecutadas. El sexto grupo incluye autorizaciones crediticias y financieras ya concluidas, como empréstitos históricos, emisión de títulos de deuda o ventas de tierras públicas. Finalmente, el séptimo grupo reúne adhesiones y convenios que fueron superados por el tiempo.
Beneficios del proyecto
Según los fundamentos del proyecto, la existencia de leyes obsoletas o en desuso genera confusión en la aplicación del derecho y dificulta la asignación de números a nuevas normativas. Muchos números se encuentran ocupados por leyes que ya no tienen vigencia práctica o han sido derogadas implícitamente por normativas posteriores.
La implementación de esta iniciativa traería múltiples beneficios para la provincia. Entre ellos, mayor seguridad jurídica al contar con un marco normativo claro y actualizado, optimización en la asignación de números a nuevas leyes, simplificación del sistema legal provincial y mejor acceso a la información legislativa para la ciudadanía.
También se lograría mayor eficiencia en la labor legislativa y judicial, además de reducción de costos administrativos en el mantenimiento de registros legislativos. El proyecto destaca que este proceso de depuración normativa no es una mera tarea administrativa, sino que constituye un paso fundamental hacia la modernización y eficiencia del sistema legal provincial.
El proyecto obtuvo media sanción con el apoyo de legisladores del oficialismo y de la oposición, lo que refleja el consenso sobre la necesidad de modernizar el marco normativo provincial. La iniciativa de Puente fue valorada como un aporte concreto para mejorar la eficiencia y transparencia del sistema legislativo catamarqueño.
Ahora el proyecto pasará al Senado provincial, donde deberá ser analizado y eventualmente aprobado para convertirse en ley. De obtener sanción definitiva, Catamarca se sumaría a otras jurisdicciones que han implementado procesos similares de depuración normativa, contribuyendo a la modernización de su sistema legal.