En el marco de la investigación por el crimen aún impune del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, se confirmó que la Justicia resolvió enviar a Gendarmería Nacional los dos teléfonos celulares pertenecientes a la víctima. La medida busca determinar las razones por las cuales ambos dispositivos no contienen registros de llamadas ni mensajes, un indicio que apunta a una posible manipulación posterior al homicidio.
De acuerdo con fuentes judiciales, la ausencia total de actividad en los celulares constituye un elemento clave, ya que podría ofrecer pistas sobre quiénes tuvieron acceso a los aparatos y con qué intención. Los peritajes de Gendarmería serán determinantes para reconstruir movimientos, eliminar huellas de borrado y recuperar información que pueda orientar la causa.
En paralelo, se supo que el actual ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, deberá presentarse a declarar en los primeros días de diciembre, cuando se cumplan tres años del crimen de Rojas. Su convocatoria se enmarca en una nueva línea investigativa que cobra fuerza dentro del expediente.
Esta hipótesis sostiene que Juan Carlos Rojas habría sido asesinado por motivos vinculados a su gestión al frente de la cartera asistencial y no por causas personales o ajenas a su función pública. Con la declaración de Mascheroni y los peritajes de los teléfonos, la Fiscalía busca avanzar en un caso que, pese al tiempo transcurrido, sigue sin resolverse y continúa generando fuertes interrogantes.