La inactividad que domina al Congreso de la Nación será un severo obstáculo para que se cubra la vacante que se generará en la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es que la Comisión Bicameral debe reunirse para nombrar al funcionario o funcionaria que ocupará la titularidad de ese organismo a partir de febrero, cuando venza el mandato de la funcionaria actual, Marisa Graham, que ha anticipado que el incumplimiento de la acción administrativa de la Cámara de Senadores, que es la encargada de la convocatoria, conduce inevitablemente a la acefalía.
Numerosas organizaciones nacionales e internacionales vinculadas a los derechos de la infancia han presentado notas tanto a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, como al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los jefes de bloque de ambas cámaras del Congreso, para que convoquen al concurso para la designación de persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el periodo 2025-2030, pero hasta ahora no han obtenido respuestas.
Una de esas organizaciones, el colectivo Infancia en Deuda, expresó: “Que la Defensoría quede vacante no solo afecta directamente a las infancias y adolescencias sino que también debilita nuestra democracia al privarla de un pilar esencial para la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias de nuestro país”.
La Ley Nacional 26061, sancionada en 2006, creó un sistema de protección integral de derechos, y le adjudicó a la Defensoría tiene un rol preponderante como única institución federal especializada y autónoma con amplia capacidad de control de los poderes públicos.
Lo que ocurre a nivel nacional tiene su correlato en Catamarca. Pese a que la ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se sancionó en mayo de 2013, recién el año pasado se designó al Defensor de la Niñez y a dos adjuntos a través de una comisión bicameral. Sin embargo, hasta el día de hoy los cargos no fueron cubiertos porque no está el presupuesto garantizado para el funcionamiento de la nueva estructura institucional.
La normativa provincial establece que la figura del defensor se trata de un “órgano independiente instituido en el ámbito de la Legislatura y que actuará con autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad ni dependencia de ninguna otra institución, tendrá la función de velar por la protección y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia en el ámbito de la Provincia”.
Las defensorías de niños, niñas y adolescentes son imprescindibles, en particular en momentos como el actual en que este grupo etario padece, en una proporción significativa, constantes vulneraciones de sus derechos. Condenarlas a la acefalía por objeciones políticas mezquinas o por carencias presupuestarias es un despropósito que debe evitarse, tanto a nivel nacional como provincial, donde existen además leyes que están para ser cumplidas.