El 9 de septiembre de 2011 murieron calcinados cuatro adolescentes en la Alcaidía de Menores de Catamarca. Quince años después, la causa penal no registra condenas: siete imputados fueron sobreseídos en distintas etapas del proceso y uno falleció antes de la resolución. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe decidir si el juicio oral se realiza.
El 9 de septiembre de 2011, Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16) murieron calcinados en la Alcaidía de Menores. Quince años después, la causa penal no tiene ningún condenado: ocho imputados, siete sobreseídos en distintos momentos del proceso y uno fallecido antes de la resolución de la causa, sin que ninguno llegara a juicio.
Los primeros sobreseídos
En septiembre de 2016, el juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña dictó el sobreseimiento total y definitivo de las entonces juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto. Ese mismo año, el entonces ministro de Gobierno y Justicia Javier Silva fue sobreseído por prescripción en la causa por incumplimiento de deberes de funcionario público. Con estos tres sobreseimientos, la causa penal quedó circunscripta a los cinco policías imputados por homicidio culposo agravado: Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Adriana del Valle Galván y Carlos Daniel Leiva.
Carlos Daniel Leiva falleció el 15 de marzo de 2019. Su familia comunicó el deceso al juzgado en febrero de 2020. Sin embargo, el sobreseimiento por fallecimiento recién fue dictado el 28 de julio de 2022, más de dos años después, demora que la propia Sala Penal señaló como una de las irregularidades del proceso.
El debate que nunca llegó
En febrero de 2018, la causa quedó en condiciones de celebrar el juicio oral contra los cuatro policías restantes. Ese debate nunca se realizó. Entre 2020 y 2023 se fijaron siete audiencias de debate: las siete fueron suspendidas por pedidos del Ministerio Público Fiscal, de las defensas, de la querella y de oficio por el propio tribunal. Desde la última suspensión, el 21 de marzo de 2023, no se volvió a fijar fecha.
Respuesta Civil
Mientras la causa penal languidecía entre suspensiones, la Justicia civil sí respondió. En febrero de 2021, la jueza Civil de Cuarta Nominación Silvina Millán condenó al Estado provincial a indemnizar a la madre de Franco Sosa, reconociendo la responsabilidad estatal por las condiciones de custodia y seguridad de la Alcaidía. En agosto de 2026, la jueza Civil de Quinta Nominación María Lucía Cano condenó al Estado a pagar $156.777.575 más intereses a la familia de Nelson Fernández. Dos sentencias civiles, ninguna condena penal.
Últimos sobreseídos
El 28 de noviembre de 2025, la Sala Penal de la Corte de Justicia sobreseyó a los cuatro policías imputados restantes: Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Juan Carlos Reyes y Adriana del Valle Galván. La razón: insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable. La propia Corte reconoció que hubo «desidia, inacción y falta de voluntad» en el proceso y ordenó investigar a los funcionarios responsables de la mora.
Corte Suprema
La fiscal Correccional Cynthia Romina Romero presentó un recurso extraordinario federal para revertir el sobreseimiento, pero la Sala Penal lo rechazó por unanimidad: «Quien contribuyó de modo decisivo a generar la situación de mora no puede invocarla válidamente como agravio constitucional». El 14 de julio de 2026, el Ministerio Público Fiscal recurrió directamente a la CSJN mediante un recurso de queja. La Corte Suprema tiene ahora en sus manos decidir si habrá juicio.
A 15 años de aquella tarde en la Alcaidía, Franco, Nelson, Nelson y Franco siguen esperando justicia.