Un análisis de los datos utilizados por el Gobierno nacional para sostener una reducción de la pobreza revela que dos de sus principales argumentos se basan en metodologías cuestionadas por especialistas.
Un examen de los argumentos con los que se sostiene la postura del Gobierno nacional respecto de una baja de la pobreza revela que al menos dos de ellos descansan sobre bases metodológicas cuestionables, según un análisis realizado por este medio.
El primero es la comparación entre la evolución de los salarios y la inflación medida por el INDEC. El Gobierno exhibe que los ingresos le han ganado terreno a los precios. La comparación se apoya en un índice de precios al consumidor cuya canasta de referencia no se actualiza desde 2004. Analistas económicos consultados coinciden en que esa desactualización subestima el impacto real de la inflación, particularmente en rubros como los servicios, que hoy pesan más en los presupuestos hogareños que en ese año.
Marco Lavagna, quien condujo el INDEC hasta febrero, presentó su renuncia por la resistencia de Javier Milei y de Luis Caputo a avanzar con la actualización de la canasta de consumo. Consultoras privadas estiman que, con una canasta actualizada, la inflación acumulada durante la gestión sería entre 10 y 15 puntos porcentuales superior a la difundida por el organismo estadístico.
El segundo argumento es el crecimiento que el INDEC atribuye a los salarios de los trabajadores informales. Mientras los trabajadores registrados del sector privado y los empleados públicos perdieron frente a la inflación durante parte del período, el organismo estadístico sostiene que los ingresos de los trabajadores no registrados crecieron en términos reales un 83% desde noviembre de 2023. Los ingresos informales no están amparados por paritarias ni mecanismos de negociación colectiva. Históricamente, según la serie del INDEC, son los que más terreno pierden frente a la inflación.
El INDEC informa que el salario promedio del sector no registrado es de 731.000 pesos, cifra que equivale a poco más de la mitad del valor de la canasta básica utilizada para medir la línea de pobreza. La medición de los ingresos informales se basa en encuestas de hogares con un margen de error mayor que los registros administrativos del empleo formal. Esa volatilidad muestral puede producir variaciones estadísticas de gran magnitud sin correlato en la realidad económica de esos trabajadores.