El Senado de la Nación dio acuerdo a 67 pliegos judiciales, sumando más de 170 designaciones en 2026. Entre los nombramientos figuran dos juezas para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
El Senado de la Nación aprobó la semana pasada un paquete de 67 pliegos judiciales impulsados por el Poder Ejecutivo. Con estas designaciones, la gestión de Javier Milei acumula más de 170 aprobaciones en 2026 y 177 desde el inicio de su mandato. Según datos oficiales, es el mayor número de candidatos judiciales aprobados por el Congreso en un año calendario desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.
Hasta el año pasado, más de 300 juzgados, fiscalías, defensorías y tribunales orales no contaban con titular y eran cubiertos por magistrados subrogantes. Esa situación se extendió durante gestiones anteriores y se agravó por la demora en el tratamiento parlamentario de los pliegos.
Entre los 67 pliegos aprobados, dos corresponden a Catamarca: Ana María Busleiman y María Virginia Miguel Carmona fueron designadas juezas de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia. Ese tribunal había quedado con un solo integrante titular desde la jubilación del juez Adolfo Guzmán en 2020 y el fallecimiento de Juan Carlos Reynaga en 2023. Durante más de cinco años, los juicios orales en el fuero federal catamarqueño dependieron de magistrados subrogantes de otras jurisdicciones.
La cobertura de vacantes permite, en principio, una mayor celeridad procesal y limita el régimen de subrogancias, que se utiliza como herramienta transitoria. La designación de jueces titulares, a diferencia de los subrogantes, aporta estabilidad a los criterios jurisprudenciales. Además, la cobertura sostenida de vacantes contribuye al equilibrio entre los poderes del Estado.
El proceso no estuvo exento de controversias. La designación del juez Pablo Bertuzzi para la Cámara Federal porteña, votada por separado, generó objeciones de la oposición por su vínculo con causas de alta sensibilidad institucional, entre ellas las que investigan al presidente y a su entorno.
La integración plena de los tribunales no garantiza por sí sola la independencia de los jueces frente a presiones políticas ni la calidad de sus sentencias. Depende también de los mecanismos de selección, la transparencia en la evaluación de antecedentes y la cultura institucional.
