La diputada María Argerich defendió la iniciativa que crea el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y respondió a las críticas del coordinador Mario Alanís. La legisladora afirmó que el proyecto contempla autonomía funcional, financiamiento y participación civil.
La diputada María Argerich defendió el proyecto para crear el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y respondió a las críticas del coordinador del programa La Facultad de Humanidades en la cárcel, Mario Alanís. El referente había cuestionado la autonomía del organismo y la participación de instituciones ajenas al poder político.
“Antes de cuestionar un proyecto, lo mínimo es leerlo y conocer cómo fue construido”, señaló Argerich, una de las autoras de la iniciativa junto con el diputado Nicolás Zavaleta. La legisladora afirmó que el proyecto fue elaborado a partir de reuniones y consultas con organismos vinculados a la temática y que varias de las observaciones formuladas por Alanís ya están contempladas en el texto.
Alanís había cuestionado la integración propuesta para el Comité durante una entrevista realizada en el programa Tiempo Real en El Ancasti Stream. Consideró que cinco de sus nueve miembros tendrían vinculación con el poder político y planteó que un organismo encargado de controlar a las fuerzas de seguridad debe contar con autonomía política y financiera. También cuestionó la falta de participación de organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de la iniciativa.
Defensa del proyecto
Frente a esos planteos, Argerich detalló que los autores participaron de una capacitación sobre monitoreo de lugares de encierro organizada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Colectiva Jarillal y las facultades de Derecho y Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Además, indicó que el proyecto fue enviado a la Defensoría del Pueblo y a referentes de la UNCA, y que también mantuvieron reuniones con el Comité Nacional.
Según la diputada, a partir de ese intercambio se incorporaron sugerencias y se adaptó la propuesta a la realidad provincial. “Los cuestionamientos que plantea el señor están contemplados expresamente”, sostuvo.
En ese sentido, mencionó que el artículo 30 establece una partida presupuestaria específica para el funcionamiento del Comité dentro del presupuesto de la Defensoría del Pueblo. También señaló que los artículos 4, 5 y 6 establecen los principios de independencia y autonomía funcional, mientras que los artículos 6 y 8 prevén la participación de la sociedad civil.
El proyecto establece que el Comité estará integrado por nueve miembros: el Defensor del Pueblo, dos representantes del Senado, tres de la Cámara de Diputados, un representante del organismo provincial de Derechos Humanos, uno del Ministerio Público Fiscal y uno de organizaciones de la sociedad civil. La designación de este último deberá realizarse mediante un procedimiento público y abierto, con publicación de postulantes y un período de observaciones e impugnaciones.
Además, la iniciativa crea un Consejo Consultivo integrado por representantes de la Universidad Nacional de Catamarca, organizaciones de derechos humanos, entidades vinculadas a la defensa de personas privadas de libertad y el Colegio de Abogados. Para Argerich, esa estructura responde al cuestionamiento sobre la participación de sectores externos al Estado.
El proyecto dispone que el Comité funcione en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, aunque con autonomía funcional, técnica e independencia. Entre sus facultades figuran las visitas periódicas y sin previo aviso a lugares de privación de libertad, el acceso a documentación y registros, las entrevistas confidenciales con personas detenidas y la posibilidad de formular recomendaciones, informes y acciones judiciales.
Alanís, por su parte, insistió en que la eficacia del mecanismo dependerá de que quienes lo integren no respondan al poder político. Durante la entrevista, relató que, en el marco de una investigación doctoral, entrevistó a 44 personas condenadas y que todas dijeron haber sufrido torturas o vejaciones por parte de la Policía. Según su relato, 14 de las 20 personas que presentaban registros físicos realizaron denuncias y ninguna prosperó.
La creación del mecanismo local busca cumplir con la Ley Nacional 26.827 y con las recomendaciones formuladas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que viene señalando que Catamarca aún no cuenta con este organismo. Argerich remarcó que “se puede discutir, aportar y mejorar un proyecto”, pero cuestionó que se objeten aspectos que, según afirmó, “están expresamente escritos en él”.