Un informe basado en datos oficiales señala que quienes pasan de un empleo privado registrado al cuentapropismo sufren una caída del 28% en sus ingresos reales, mientras que la informalidad alcanza al 44,2% de los ocupados.
Un estudio elaborado por C-P, con base en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y de la Secretaría de Trabajo, analizó la situación de los trabajadores que pierden un empleo formal privado y las consecuencias sobre sus ingresos. El informe indica que aquellos que pasan a ser cuentapropistas registran una caída del 28% en su poder adquisitivo, mientras que quienes se insertan en un empleo informal pierden en promedio un 14% de sus ingresos reales. Los que consiguen trabajo en el sector público resignan un 5% de su salario real.
Según el estudio, entre los trabajadores que dejaron un empleo privado registrado, el 47% pasó a un empleo asalariado no registrado, el 27% comenzó a trabajar como cuentapropista y el 26% consiguió empleo en el sector público. Durante el período analizado, se perdieron 235.419 puestos de trabajo registrados. La tasa de desempleo pasó del 6,9% en el primer trimestre de 2023 al 7,8% en el mismo período de 2026.
El informe señala que los únicos trabajadores que lograron sostener o mejorar su poder adquisitivo fueron aquellos que conservaron o consiguieron otro empleo formal en el sector privado, con una mejora del 2% en sus ingresos reales. En contraste, el cuentapropismo, en la mayoría de los casos, funciona como una alternativa de supervivencia y no representa una mejora económica. La informalidad alcanza al 44,2% de los ocupados, uno de los niveles más altos de los últimos años.
El análisis también advierte que la flexibilización laboral y la reducción de los costos de despido tienen un impacto limitado sobre la generación de empleo formal y favorecen una mayor rotación laboral. En un escenario de baja actividad y capacidad ociosa, estos cambios aceleran la destrucción del empleo registrado. El informe concluye que la pérdida de un empleo formal implica regresar al mercado laboral en peores condiciones, con ingresos menores y sin derechos como aportes jubilatorios, vacaciones pagas y cobertura social.