Este miércoles, jubilados autoconvocados marcharon al Congreso de la Nación para reclamar un aumento de sus haberes, con el acompañamiento de la CGT, las dos CTA y la UTEP.
Este miércoles, como viene sucediendo hace años, jubilados autoconvocados marcharon al Congreso de la Nación para reclamar un aumento de sus haberes. En dicha movilización, contaron con el acompañamiento de la CGT, las dos CTA y de los movimientos sociales nucleados en la UTEP, entre otras organizaciones.
Se trata de la primera gran protesta contra el gobierno de Javier Milei tras algunos meses de calma. “Al gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción”, declaró ayer Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, uno de los sindicatos que participaron de la convocatoria de este miércoles.
Las principales centrales obreras del país vienen trabajando en un plan de lucha conjunto que ya tiene varias jornadas confirmadas. A la de hoy se suma la del 7 de agosto, con motivo del día de San Cayetano, la lucha por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y un posible paro general que podría ser en octubre.
La convocatoria comenzó a las 3 de la tarde. Los gremios concentraron frente al Palacio Legislativo para reclamar una recomposición de las jubilaciones y defender el sistema previsional. “La seguridad social es un derecho”, afirmaron desde la CGT.
Actualmente, la jubilación mínima es de 411.989,33 pesos y se actualiza mensualmente en función de la inflación pasada. El bono extraordinario previsional que la administración libertaria otorga todos los meses desde marzo de 2024 sigue siendo de 70.000 pesos, a pesar de que la inflación acumulada desde entonces hasta junio es del 145,05%.
A lo largo de estos meses, el gobierno nacional rechazó la posibilidad de recomponer esos montos y también frenó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que había aprobado el Congreso. Su intención, según ha declarado, es contener el gasto para mantener el superávit fiscal.
Distintos organismos señalaron que lo que la ANSES intentó ahorrar se derivó en gastos del Ministerio de Seguridad. Según un pedido de acceso a la información pública presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la cartera de Alejandra Monteoliva destinó “más de dos mil millones de pesos en movilizar 43 mil efectivos de fuerzas federales” a lo largo de 2025 para los operativos vinculados a las protestas de los miércoles. Ese monto equivale a más de 5.500 jubilaciones mínimas.