El Ejecutivo nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) suscribieron un acuerdo que incluye un aumento salarial del 24,33% en dos tramos y un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Las universidades mantendrán la demanda judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes al mediodía un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Pese al principio de acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma votada favorablemente y ratificada en el Congreso que continúa sin aplicarse.
La propuesta incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos: un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.
El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores hicieron saber que no retirarán la demanda judicial sobre la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia por los fondos universitarios. Además de la suba salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026.
El acta rubricada hoy también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas consideradas claves para el desarrollo del país. A eso se sumó un financiamiento de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Las conversaciones también abarcaron una negociación puntual para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios.
La causa por la Ley de Financiamiento Universitario tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse. La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es ilegal porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos.
Del lado sindical, desde Conadu declararon: «Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años». Las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces una definición sobre la cautelar. También hubo medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios.