El impacto final de las tarifas de los servicios públicos sobre las familias catamarqueñas no será tan leve. Porque mientras el Gobierno justifica que la actualización del servicio de energía es «razonable» y representa solo el 6% de los ingresos de un hogar, una mirada más profunda de los datos revela una cara oculta: para más de 51 mil familias que dependen de un solo sueldo, la incidencia de las tarifas en sus ingresos trepará a 16,9%. Más aún será en el caso de los jubilados que cobran la mínima.
El proceso de actualización tarifaria del servicio de energía eléctrica se terminó de cerrar el pasado 16 de marzo, con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 099 del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia. Una semana antes se realizó la audiencia pública en la que la distribuidora eléctrica presentó su pedido de aumento y donde varios representantes de otros sectores hicieron sus objeciones.
La empresa Energía de Catamarca (EC SAPEM) había solicitado una actualización centrada en el Valor Agregado de Distribución (VAD) del 27,83%, debido a la inflación y el incremento de costos operativos. Argumentó que, en los hechos, eso tendría un impacto final en las facturas de los usuarios residenciales del 7%.
Para un consumo promedio (300-600 kWh), ese porcentaje se traducirá en un aumento mensual de entre $3.000 y $7.000, aproximadamente. Una factura promedio rondará los $122.250. El ministerio convalidó finalmente el incremento solicitado por la EC, al que consideró “razonable”, y se basó en las facultades de la Emergencia Eléctrica (Decreto 118/26) que permite revisiones periódicas de la tarifa hasta mediados de año.
En cuanto al agua, Aguas de Catamarca había pedido un aumento del 63%, pero el Ministerio de Desarrollo Productivo recomendó un incremento menor, del 49%, tras cuestionar el cálculo de costos salariales presentado por la empresa. Con la propuesta oficial, una factura promedio podría subir hasta $24.900.
A diferencia de la energía, aún está pendiente la resolución definitiva del Ejecutivo sobre el agua, que podría darse a fines de marzo o principios de abril. La audiencia pública por la actualización de este servicio se llevó a cabo el 12 de este mes. De todos modos, se estima que quedará en pie la propuesta oficial.
La trampa del promedio oficial
La resolución del ministerio a cargo de Leonardo Zeballos dedicó buena parte del texto a rebatir los argumentos de la oposición política respecto a la incidencia “real” del aumento tarifario de la energía sobre los usuarios residenciales.
Para ello, se basó en un «Ingreso Familiar Promedio» de $1.609.899. Este número asume que en el hogar promedio hay más de un ingreso (por ejemplo, dos sueldos o un sueldo más un beneficio social). Bajo esa lógica, el Ministerio afirma que la luz solo representa el 6% del presupuesto familiar.
Sin embargo, de acuerdo con los datos demográficos del Censo 2022, de los aproximadamente 122.000 hogares registrados en Catamarca, el 42% depende de un solo ingreso salarial formal. Se trata de unos 51.240 hogares. En este grupo se encuentran mayoritariamente familias monoparentales (lideradas principalmente por mujeres) y hogares donde solo un miembro está inserto en la administración pública o el sector privado formal.
En segundo lugar figuran los hogares con ingresos múltiples, que representan aproximadamente el 35% del total. En ellos conviven dos trabajadores o un trabajador y un jubilado. Aquí es donde el promedio de $1,6 millones que usa el Gobierno tiene más sustento.
Y por último están los hogares “informales” o sin ingresos salariales, que llegan al 23%. Son familias que dependen de changas, subsidios o programas sociales. Para este sector, la Tarifa Social es la única barrera que impide que el costo de los servicios supere el 30% de sus recursos mensuales.
De manera que la gran mayoría de los hogares depende de un único ingreso. Y el salario neto inicial de un trabajador estatal es actualmente de $870.000, tras el ajuste paritario del primer trimestre de 2026. El salario de un empleado público es el “valor testigo” que debe considerarse para medir el impacto de las tarifas, por cuanto representa a la mayor masa de trabajadores formales de la provincia.
En consecuencia, para los más de 51.000 hogares que dependen de un solo salario básico la realidad es muy distinta. Al no tener un segundo sostén, el impacto tarifario no será del 6%, como asegura el Gobierno, sino que saltará al 16,9% entre ambos servicios.
¿Cómo surge esa estimación?
De acuerdo con los cálculos oficiales del propio ministerio, la factura promedio de energía eléctrica para un consumo medio de 500 Kwh se sitúa hoy en $97.797 (sin impuestos) Sumando impuestos y el ajuste, la boleta final estimada a partir de abril sería de $122.250. Es decir, la incidencia sobre un ingreso único de $870 mil es de 14,05%.
Aparte, la proyección estimada para el incremento de la tarifa de agua (49%) llevaría la factura mensual a $24.900, lo que equivale a una incidencia sobre el ingreso de 2,86%.
Por lo tanto, el impacto combinado entre los servicios de luz y agua sobre los más de 51.000 hogares de ingreso único sumará 16,91%. De este modo, Catamarca quedará en el segundo lugar de la región en cuanto a la incidencia real de las tarifas sobre los ingresos familiares.
Los más vulnerables
La situación, como sucede también en otros aspectos, será aún más grave para los jubilados y pensionados catamarqueños que perciben un haber mínimo de $450.000, para quienes el impacto de los incrementos tarifarios sobre sus ingresos totales se elevará al 21,5%.
En Catamarca, según datos oficiales de ANSES, hay 72.000 beneficiarios del sistema previsional (jubilados y pensionados). De ellos, 48.960 perciben el haber mínimo, es decir, el 68% del total.
En otros términos, 7 de cada 10 jubilados en la provincia deberán destinar más del 20% de su haber mínimo solo para mantener la conexión a los servicios básicos. Apenas un poco menos de lo que deben reservar para medicamentos, un rubro “fuerte” en la canasta mensual de los abuelos.
El resultado es alarmante: entre servicios públicos y remedios, un adulto mayor en Catamarca tiene más del 51% de su jubilación comprometida antes de comprar su primer alimento del mes.
De todas formas, el decreto 118/26 de Emergencia Eléctrica faculta al Ministerio de Desarrollo Productivo a dictar medidas que satisfagan cuestionamientos socioeconómicos y revisar casos particulares de vulnerabilidad extrema.
Para acceder a esos beneficios, es fundamental que los jubilados verifiquen su correcta inscripción en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) y consulten en Desarrollo Productivo por la vigencia de la Tarifa Social provincial, que actúa como un resguardo adicional sobre el componente local de la factura (VAD).
El espejismo oficial
Al margen de que el costo operativo de la empresa de energía esté técnicamente justificado, aun con el análisis sesgado de la cartera al mando de Zeballos, es un hecho innegable que la capacidad de pago de los usuarios catamarqueños está agotada.
Varios datos de la realidad sirven para demostrar tal situación:
- Desfase costo versus ingreso
La resolución 099 utiliza el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) para actualizar los costos de EC SAPEM. El IPIM mide el costo de insumos industriales (transformadores, cables, cobre, combustibles). En el último año, este índice ha corrido sistemáticamente por encima del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Mientras la empresa actualiza sus costos por un índice «mayorista» e internacionalizado, el usuario paga con un salario que se ajusta por paritarias locales. Esta brecha es la que genera la sensación de asfixia. Es decir, una tarifa que sube por el ascensor con insumos dolarizados y salarios que lo hacen por la escalera.
- Canasta Básica Regional (NOA)
Según los últimos informes del INDEC, la canasta básica total de una familia tipo de cuatro integrantes en el NOA ya supera los $700.000.
Históricamente, los servicios básicos (luz, agua, gas) representaban entre el 5% y el 8% de la canasta. Con los nuevos valores en Catamarca ($147.150 para luz y agua), este rubro pasa a ocupar casi el 20% de la CBT regional.
- «Pobreza energética» en el NOA
Se considera que un hogar entra en “pobreza energética” cuando debe destinar más del 10% de sus ingresos solo a cubrir servicios de energía. En Catamarca,el hogar de ingreso único destina el 14,05% solo a la luz (sin contar agua).
- Caída del consumo eléctrico
Un dato que refuerza el momento crítico es la variación de la demanda. Según CAMMESA, en el primer trimestre de 2026 la demanda eléctrica residencial en el NOA ha mostrado una meseta o caída leve, a pesar del crecimiento demográfico. Esto indica que los hogares ya están en modo «ahorro forzoso».
Por ende, incrementar la tarifa en un momento de demanda decreciente sugiere que el aumento no busca expandir el sistema, sino simplemente cubrir el déficit operativo de la EC SAPEM, cuyos costos fijos son insostenibles con la cobrabilidad actual.
- Endeudamiento de las familias
Los datos de las empresas distribuidoras suelen mostrar que, tras aumentos superiores al 20% en el VAD, la mora sube entre 5 y 8 puntos porcentuales.
En la provincia, además, ha crecido el uso de tarjetas de crédito para pagar boletas de servicios básicos en cuotas. Es un indicador crítico: se financia gasto corriente con deuda a futuro.
En suma, el Gobierno justificó el ajuste energético señalando que la factura representa solo el 6% de un ingreso familiar “ideal”, pero la realidad en los barrios y el interior provincial cuenta otra historia. Para el jubilado o el empleado municipal de categorías bajas, la emergencia está puesta en la salud y sobre la mesa diaria.
Por tal razón, validar el incremento sin un refuerzo automático en los esquemas de Tarifa Social condena a miles de catamarqueños a la pobreza energética. Un “status” en el cual encender la luz o abrir la canilla deja de ser un derecho para convertirse en un lujo que erosiona una economía de mera subsistencia.