El Gobierno nacional oficializó este viernes, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, una modificación de la ley de inteligencia que redefine la estructura y las funciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La medida generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que advirtieron sobre posibles riesgos de espionaje político.
Uno de los aspectos centrales del decreto es la habilitación para que el personal de la SIDE pueda aprehender personas en situaciones puntuales. Según el texto oficial, esta facultad se aplicará “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o ante la comisión de delitos en flagrancia”, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.
Desde el Poder Ejecutivo se sostuvo que todas las acciones del sistema de Inteligencia Nacional tienen carácter encubierto, debido a su sensibilidad, con el objetivo de reducir el denominado Riesgo Estratégico Nacional. Asimismo, se dispuso que los organismos de inteligencia puedan brindar su propia seguridad y protección de instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, y actuar para repeler agresiones que los pongan en riesgo.
El DNU también redefine las funciones de contrainteligencia, que pasan a incluir la prevención de acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, sabotaje, injerencia externa y atentados contra el orden constitucional o el proceso decisorio de las autoridades del sistema republicano.
En otro tramo de la reforma, el Ejecutivo creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que tendrá como misión planificar, ejecutar y supervisar políticas destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado y los sistemas tecnológicos utilizados en la prestación de servicios públicos esenciales.
Cuestionamientos y escenario legislativo
Desde la oposición anticiparon que el próximo capítulo del debate se dará en el Congreso, donde buscarán impugnar el DNU para evitar su vigencia. No obstante, para dejarlo sin efecto será necesario el rechazo en ambas Cámaras; de lo contrario, el decreto mantendrá su validez.
En ese contexto, la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia anunció que formalizará un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los alcances y fundamentos de la reforma. En tanto, fuentes de Propuesta Republicana (PRO) indicaron que el espacio evalúa un pronunciamiento conjunto con el oficialismo.
El exdiputado Leopoldo Moreau cuestionó el decreto y sostuvo que la medida implica “la creación de una policía secreta”, además de advertir que “pasa por encima de las facultades del Congreso”. En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, reclamó que un tema de esta relevancia sea debatido en el ámbito parlamentario, con “contralor efectivo y pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales”.