jueves, 1 de enero de 2026 19:55
El Gobierno nacional prepara una profunda reforma del sistema de inteligencia que otorgará mayor poder y centralidad a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que podría publicarse en las próximas horas.
La iniciativa busca concentrar en la SIDE —conducida por Cristian Auguadra— la conducción de todo el sistema de inteligencia nacional, estableciendo que todas las actividades tendrán carácter encubierto debido a su “sensibilidad estratégica”.
El artículo 2 del borrador al que accedió NA señala que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Uno de los puntos que ya generó fuertes críticas de la oposición es el artículo 19, que habilita a los organismos de inteligencia a proporcionar su propia seguridad y a repeler o hacer cesar agresiones que pongan en riesgo instalaciones, bienes, personal u operaciones, tanto en sedes fijas como durante desplazamientos o acciones circunstanciales.
Además, el texto establece que el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas en el marco de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial, o en casos de delitos en flagrancia, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales correspondientes.
La reforma también introduce cambios estructurales y de denominación:
- La Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia.
- La Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia.
- La División de Asuntos Internos se transformará en la Inspectoría General de Inteligencia.
Desde el Gobierno aseguran que el DNU “moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional”, al integrarlo plenamente al Estado, separarlo de funciones policiales y adaptarlo a amenazas contemporáneas, con mayores controles internos.
Las autoridades aclararon que la inteligencia no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, y que la norma busca brindar respaldo legal claro al personal, delimitando qué acciones están permitidas y cuáles prohibidas.
Otro eje central es la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La primera quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a través del Centro Nacional de Ciberseguridad, mientras que la ciberinteligencia permanecerá en la SIDE.
El decreto también elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y asigna esa función al Estado Mayor Conjunto, además de habilitar a la inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sin superposición de funciones.
El DNU deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que cuenta con diez días hábiles para expedirse una vez que el Ejecutivo lo remita al Parlamento, según lo establece la ley 26.122.
En ese marco, el diputado Esteban Paulon anticipó su rechazo y sostuvo que “el Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU”, al advertir que la inteligencia “debe proteger a la Nación de amenazas externas y no vigilar a los ciudadanos”.