El reciente documento de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) encendió todas las alarmas al mencionar que el país atraviesa “una caída histórica en las coberturas de vacunación infantil y adolescente”.
Argentina, durante décadas, se distinguió de forma positiva en América Latina gracias a un calendario de vacunación obligatorio, completo y totalmente gratuito, que permitió alcanzar niveles de cobertura superiores a los de la región y convertirse en un ejemplo de política sanitaria inclusiva. Esa tradición, sin embargo, comienza a erosionarse.
Según la SAP, la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas y que debe aplicarse a los cinco años— registró apenas un 46% de cobertura en 2024, cuando en el período 2015-2019 superaba el 90%. La situación se replica en otras inmunizaciones fundamentales: el refuerzo de la vacuna contra la poliomielitis, que en ese mismo lapso alcanzaba el 88%, cayó a 47% en 2024; la triple bacteriana, indispensable para prevenir difteria, tétanos y tos convulsa, se desplomó del 88% al 46%.
Estas cifras constituyen un riesgo sanitario real. Enfermedades que estaban prácticamente erradicadas —hepatitis, tos convulsa, sarampión o poliomielitis— pueden regresar con fuerza, como ya ha ocurrido en otros países.
Lo que durante años fue un núcleo minoritario hoy aparece amplificado por discursos negacionistas que encuentran validación en funcionarios del actual gobierno nacional. Lo que durante años fue un núcleo minoritario hoy aparece amplificado por discursos negacionistas que encuentran validación en funcionarios del actual gobierno nacional.
En Argentina, la prédica de los sectores antivacuna pesa cada vez más. Lo que durante años fue un núcleo minoritario hoy aparece amplificado por discursos negacionistas que encuentran cierto grado de validación en funcionarios del actual gobierno nacional. La médica infectóloga Florencia Cahn lo expresó con claridad: “Hay un avance de los grupos antivacunas debido a un discurso anticiencia que viene de las más altas esferas del poder. Ello hace que los antivacunas de Argentina, que siempre constituyeron un espacio minoritario, se sientan más empoderados y validados para salir a decir cualquier cosa, sin evidencia científica”.
Algunos legisladores buscan trasladar este discurso a ámbitos formales del Estado. El caso de la diputada del PRO Marilú Quiróz es ilustrativo: cuestionó el propio calendario de vacunación y los organismos de control sanitario y convocó en la Cámara de Diputados a una actividad titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas de Covid-19?”, evento que la Sociedad Argentina de Infectología pidió suspender por el “enorme peligro” que implicaba promover una actividad “que solo induce al negacionismo científico”.
Estas señales son preocupantes no solo por el retroceso sanitario que auguran, sino porque intentan, y muchas veces lo logran, debilitar la confianza en las vacunas. Por eso resulta imprescindible que desde el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales se lancen campañas firmes, sostenidas y masivas de concientización sobre la eficacia de las vacunas y el nulo riesgo de su aplicación a los fines de restablecer la confianza pública, fortalecer la educación sanitaria y desterrar discursos falsos y carentes de sustentos científicos.