La diputada electa Sonia Nabarro, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), denunció ante la Justicia provincial a sus pares Javier Galán, electo en primer término, y al diputado provincial Fernando Baigorri, por los delitos de amenazas, extorsión y asociación ilícita. Pidió que se tenga en cuenta la “perspectiva de violencia de género”
La denuncia ingresó anoche a Fiscalía General y hoy será girada a un fiscal de Instrucción. También alcanza a Norman Arce, dirigente del MID y secretario de Baigorri, y a Juan Carlos Andrada, “quien se hace llamar periodista de redes y es titular de una página de Facebook homónima con nro. de teléfono 3834327666”, aclara la presentación.
Según describió Nabarro, de profesión docente, a fines de septiembre pasado, en el inicio de la campaña electoral fue citada junto con otros candidatos al 4 piso del Hotel Coral (Tucumán y Güemes), donde se hacían las reuniones políticas del sector, para tratar el tema de los gastos. Allí Galán, afirmó, hizo firmar un “pagaré en blanco” a los integrantes de las listas.
Nabarro señaló que ella se negó a firmar ese documento, “al igual que el contador Cristian Perea” Ansinelli, quien resultó electo como concejal capitalino. Pero su decisión, expresó, le costó cara.
“La coacción moral que sufrí fue tan grande y como mujer me sentí muy amedrentada por Galán, Baigorri y Arce, quienes a viva voz me exigían que rubricara el pagaré y me decían que si no lo hacía me retirarían de la lista, lo cual me puso en un estado de nerviosismo tal al no poder esgrimir defensa alguna, siendo que llegué a conformar esta agrupación política basada en la buena fe y el trato honesto”, señaló
La mujer afirmó que a partir de allí pasó a ser “una víctima de la evidente extorsión”. “Me amenazaron no solo con dejarme fuera del proyecto, sino que decían que podría tener otras ‘consecuencias’; todo esto me llenó de temor y terminé firmando lo que me pedían, al igual que el resto».
Agregó que después de las elecciones del 26 de octubre, le pidió una nueva reunión a Galán porque no habían tenido novedades de los gastos de campaña y los pagarés en blanco estaban en su poder. Hubo dos encuentros. En el segundo, “Galán hablaba un gasto de 60 millones, pero no exhibía comprobantes”, indicó. Agregó que hubo una “ríspida discusión” con Baigorri y Arce, que terminó con la conclusión de que se habían gastado 20 y no 60 millones, aunque “en realidad no estaba documentada cuál fue la erogación de ese domingo”.
Nabarro aseguró que en ese momento Galán le reclamó “a viva voz de que debía ‘entregarle’ a él todos los cargos y/o conceptos de cualquier tipo” que le correspondieran como diputada electa para que él dispusiera” de ellos. Y que la amenazó con que si no se sometía a su voluntad se “atuviera a las consecuencias”.
La mujer relató que en forma simultánea a esos hechos, “aparece en escena Juan Carlos Andrada, quien a través de las redes sociales comienza a difundir situaciones inexistentes” que afectan su “buen nombre y honor”. Por ejemplo, “ponía en dudas mi solvencia económica, afirmando que tenía ‘casa y auto nuevo’, como si hubiese percibido una prebenda en mi condición de diputada electa”.
“Esto fue acrecentándose en el tiempo hasta llegar al día de hoy donde se realizan posteos en los que imputan a mi marido, como que la Justicia lo está buscando por el deleznable delito de abuso de menores e insinúa que soy parte de esa aberrante situación”, expresó la denunciante. Su esposo es precisamente el apoderado del MID, José Quinteros.
A criterio de Nabarro, “este accionar tiene directa vinculación con lo que ellos manifestaron serían las ‘consecuencias’; así urdieron no solo una falsa denuncia, sino que usan a este personaje que se oculta en las redes” para instalar una campaña de violencia digital con el fin de amedrentarla.
Entre las pruebas, adjuntó capturas de las publicaciones de Andrada y pidió a la Justicia que disponga medidas de protección a su persona tales como restricciones perimetrales a los denunciados y que ordene el cese de las publicaciones infamantes en redes sociales.