Con el escenario institucional despojado en lo inmediato de tensiones propias de las campañas proselitistas por los resultados electorales, se reactivaron las tratativas para comenzar a cubrir vacantes en la Justicia Federal que alcanzan el 40% de los cargos.
La exorbitante cifra, que afecta el funcionamiento de la Justicia, escaló desde el arribo a la Presidencia de Javier Milei, quien apenas asumió en diciembre de 2023 retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por su antecesor, Alberto Fernández, sin elevar desde entonces ninguno a la consideración del cuerpo.
Los trámites se trabaron en gran medida porque se subordinaron al resultado de las tratativas tendientes a completar la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que opera con solo tres de sus cinco miembros desde las salidas de Elena Highton, en 2021, y Juan Carlos Maqueda, a fines del año pasado.
Trabados los trámites por las camándulas políticas, el 40% de los cargos de la Justicia Federal del país está vacante. Trabados los trámites por las camándulas políticas, el 40% de los cargos de la Justicia Federal del país está vacante.
El Gobierno nacional fracasó en el intento de cubrir ambas vacancias con el catedrático Manuel García-Masilla y el juez federal Ariel Lijo, en el marco de gestiones que tuvieron ribetes escandalosos y naufragaron con el inusual rechazo de los pliegos de ambos con mayorías abrumadoras.
Además de estos puestos del máximo tribunal del país, están vacantes los del Procurador General de la Nación –lo cubre interinamente Eduardo Casal desde 2017-, el Defensor del Pueblo, el Defensor del Niño y seis butacas de la Auditoría General de la Nación.
El empate en las disputas de poder trabó los procesos para regularizar la situación en la cúspide de la pirámide judicial, pero además impidió cerrar los acuerdos necesarios para designar los reemplazantes de jueces, fiscales y defensores federales que iban abriéndose por jubilación, renuncia o muerte.
La pretensión de negociar todos los cargos en un solo paquete embarbascó las tratativas hasta un nivel absurdo, agravado por el hecho de que para designar los integrantes de la Corte propuestos por el Gobierno nacional se necesita la aprobación de la mayoría calificada de dos tercios de los miembros del Senado, mientras que para los funcionarios inferiores se requiere solo mayoría simple. De tal modo, Milei no consiguió los dos tercios para colocar a los cortesanos que pretendía, pero tampoco giró pliegos para cubrir vacantes que pudieran sacarse con mayoría simple.
Así, los cargos que dejaron vacantes en el Tribunal Oral Federal catamarqueño Adolfo Guzmán, que se jubiló en el 2020, y Juan Carlos Reynaga, que falleció en 2023, no fueron todavía cubiertos a pesar de que ya se hicieron los concursos correspondientes en el Consejo de la Magistratura y están las ternas a disposición para que la Presidencia formalice la propuesta al Senado. A estas dos poltronas se sumó ahora la de la Fiscalía, que dejó Rafael Vehils Ruiz al ser designado fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Los engranajes judiciales siguen girando por medio del sistema de subrogancias, en una situación lindante con lo absurdo. Para hacer los juicios en el TOF catamarqueño deben importarse jueces federales de otras provincias, mientras Enrique Lilljedahl, único integrante del TOF en situación regular, debe acudir a subrogar jueces de extrañas jurisdicciones cuyos tribunales atraviesan situaciones análogas.
Así estuviera integrado por apóstoles de la probidad, no hay forma de que el Poder Judicial preste un servicio decente en estas condiciones. Enfrascada en sus camándulas para ocupar casilleros judiciales con amigos, parientes, entenados y hasta cómplices, la política no tiene inconvenientes en someter a la sociedad a estas anomalías.
Tal vez convenga invertir la secuencia y comenzar a cubrir los puestos inferiores, que están en la primera línea de fuego, hasta que alumbren consensos para los más altos.
Hay por lo pronto un 40% de subrogantes y sumando. A este paso, capaz llegue el día en que haya un solo juez, un solo fiscal, un solo defensor para todos los cargos, con el novedoso método de la subrogancia infinita.