En una sesión caliente y cargada de denuncias, la oposición de Diputados consiguió rechazar el veto de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad por más de dos tercios de los votos -172 votos a favor- y ahora será el Senado el que defina. Sin embargo, los bloques opositores perdieron la votación por la suba jubilatoria y el Gobierno consiguió blindar el veto con 83 respaldos gracias al apoyo de los gobernadores.
La suba jubilatoria ya quedó caída y no puede volver a discutirse. El proyecto de Discapacidad, en cambio, será girado al Senado que si también avala la norma dejará sin efecto el veto de Javier Milei. En la Cámara alta descartaron que pueda ser tratado en la sesión convocada para este jueves porque Martín Menem deberá girar lo aprobado por Diputados. Por eso, se especula que el tema será tratado en una sesión que sería convocada en 15 días.
La Cámara de Diputados trató luego el proyecto que hace automática la distribución de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa, impulsada por los gobernadores, fue aprobada por 143 votos a favor, 90 negativos y 12 abstenciones. Como ya tenía media sanción del Senado, ya es ley. Eso sí: no reunió los dos tercios con lo que es probable que Diputados no puede insistir con la norma cuando Milei la vete.
Más tarde tiene previsto avanzar con la designación de las autoridades de la comisión investigadora del caso $Libra, que salpica también al presidente Milei, y cerrará la sesión con la propuesta que hace coparticipable el impuesto a los combustibles líquidos.
La sesión de este miércoles no fue una más de la Cámara baja ya que la votación para rechazar o ratificar los vetos de Milei podía servir para medir cuántos «heridos» dejó el cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre. Varios diputados aliados al Gobierno que quedaron afuera de los acuerdos de La Libertad Avanza ratificaron lo aprobado por el Congreso.
Entre ellos estuvieron el radical Rodrigo De Loredo, el santafesino Gabriel Chumpitaz y los diputados de Tucumán que responden al gobernador Osvaldo Jaldo fueron algunos de los ejemplos. Aunque en el caso del jefe del radicalismo hay rumores en el Congreso que negocia otro acuerdo.
Desgajamiento libertario
Sin embargo, el cierre de listas impactó en el propio bloque oficialista, que tras el rechazo al veto de la ley de emergencia de discapacidad, sufrió la fuga de tres diputados que se unieron a la mendocina Lourdes Arrieta para conformar una nueva bancada. Abandonaron el oficialismo Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González.
D’Alessandro quedó afuera del armado libertario en su provincia y Pagano viene distanciada luego de la revuelta que quedó sin resolver por la presidencia de la comisión de Juicio Político. El caso de la salida de González no quedó claro.
Más allá de estos casos, el tema de los vetos generó tensiones en todos los bloques. En el PRO, hubo un mensaje de Mauricio Macri a su tropa para que no voten en contra del Gobierno y los gobernadores también influyeron para sostener el rechazo al aumento de las jubilaciones. Hubo llamativas ausencias de diputados de Misiones, Río Negro, Santiago del Estero y Neuquén a la hora de la votación.
En la previa a la sesión, y a sabiendas de su desventaja frente a los votos sobre Discapacidad, el Gobierno recurrió a un manotazo de ahogado y envió al vocero presidencial a anunciar la posibilidad de una futura medida para intentar de torcer votos. «El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad», lanzó en X.
No otorgó ningún dato concreto, aunque dijo que «de concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años».
El aviso lavado no movió el amperímetro. «Habíamos pedido algo más contundente», se sinceró un legislador libertario.
El quórum no corrió riesgo. De hecho se consiguió holgado, con 136 presentes y la insistencia de Discapacidad se aprobó por 172 votos a favor, 73 en contra y hubo 2 abstenciones, ambas del PRO: María Eugenia Vidal y Gabriela Besana, quienes la primera vez habían votado en contra del proyecto. La oposición terminó consiguiendo 24 votos a favor más que cuando votó por primera vez el proyecto. Los ausentes que en junio habían sido 34 bajaron a 10. Además y hubo muchos legisladores que giraron sus votos, en la antesala de la campaña electoral.
El proyecto declara la emergencia en discapacidad a nivel nacional por un período de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre sus principales medidas, se incluyen la regularización de pagos y la actualización de aranceles para los prestadores de servicios.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal total de estas iniciativas oscilaría entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI).
Para tratar el incremento jubilatorio si bien la oposición consiguió los dos tercios para habilitar el debate, no logró sostenerlos para insistir con la ley. La oposición no consiguió los dos tercios: hubo 160 votos a favor de la ley, 83 negativos y 6 abstenciones de María Eugenia Vidal (PRO) y cinco diputados que responden a gobernadores: la radical de Democracia para Siempre Marcela Antola que responde a Rogelio Frigerio de Entre Ríos; y los cuatro misioneros que responden a Carlos Rovira.
«Hay algunos que aprobaron para que este debate avance y ahora están mirando para otro lado. Más que nunca hay que ser serios, responsables y tener convicciones en este tema. Los derechos de los jubilados no pueden estar arriba de la mesa de negociación de políticos con el poder de turno», se quejó Germán Martínez jefe de bloque de Unión por la Patria.
«Es corrupción cambiar ATN por votos de los diputados», lanzó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, quien denunció que había «gobernadores apretando legisladores».
La ley vetada establecía un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones, excluyendo los regímenes especiales. Esta medida busca compensar la pérdida sufrida por los jubilados en enero del año pasado, cuando la inflación alcanzó el 20,6% y el ajuste otorgado por el Ejecutivo fue del 12,5%.
Además, se proponía elevar el bono previsional, actualmente congelado en $70.000, a $110.000, con actualizaciones periódicas vinculadas a la inflación.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del aumento del 7,2% asciende a $1.673.494 millones (equivalente al 0,2% del PBI) para lo que resta del año, y a $3.402.182 millones (0,41% del PBI) en términos anualizados.
En cuanto al aumento del bono a $110.000 con actualización por inflación, su costo sería de $1.015.676 millones (0,12% del PBI), y llegaría a $3.136.117 millones anualizados (0,38% del PBI).