Los cambios en la obra pública generan incertidumbre en las empresas constructoras nacionales

El Gobierno modificó el marco regulatorio del acceso a la obra pública mediante la Disposición 24/25, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial. Esta medida introduce una nueva metodología de calificación para contratistas y permite que empresas extranjeras compitan en igualdad de condiciones con las locales, lo que suma tensión a un sector que ya atraviesa un estancamiento desde hace más de un año y medio.

La disposición se da en la antesala de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), aunque no estaba prevista en la agenda. Su presidente, Gustavo Weiss, bajó el tono a la novedad, pero recordó el rechazo previo de la entidad a la eliminación del Registro Nacional de Constructores, formalizada en febrero por el DNU 105/25.

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Ambas medidas responden a la intención del Gobierno de desmantelar lo que considera un sistema cartelizado y corrupto, según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien destacó que se busca fomentar la competencia real en el sector.

Crisis y perspectivas

Weiss comparó la actual situación con la crisis del 2001, señalando una pérdida de 100 mil empleos entre mediados de 2023 y el primer semestre de 2024. Si bien hoy el nivel de empleo se estabilizó, el panorama continúa siendo crítico.

Según el Estudio de Opinión Construya, el 44% de las empresas encuestadas informó caídas superiores al 20% en su actividad durante el último año. Las zonas más afectadas fueron la Patagonia (62% de caída) y el NOA (54%). Los principales obstáculos para el sector son el aumento de costos (23%), la baja demanda (15%) y la incertidumbre cambiaria (13%).

De cara al futuro, el 29% de los encuestados espera que la actividad se mantenga estable, mientras que un 41% proyecta algún nivel de crecimiento. Solo el 11% prevé una caída superior al 20%.