En medio del ajuste fiscal más profundo de las últimas décadas, el gobierno nacional decidió incrementar significativamente el presupuesto de un área específica: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente de Presidencia de la Nación, que aumentó su ejecución un 52% respecto a 2023, según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
«Sobresale el marcado incremento en la ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado (+52%)», destaca el documento del CEPA.
En este sentido, el trabajo advierte que mientras programas de salud, educación, desarrollo social y obra pública sufrieron recortes de entre 70% y 100%, el organismo de inteligencia creció de manera exponencial.
El informe señala también el peso que mantiene el pago de deuda: «Los Servicios de Deuda Pública representan el 8% del gasto total, manteniendo un peso relevante en la estructura presupuestaria», convirtiendo al pago de compromisos financieros en una de las principales prioridades fiscales, por encima de áreas como transporte, promoción social o ciencia y tecnología.
El análisis del CEPA es contundente sobre el impacto de estos recortes: «La Administración Pública Nacional atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo», concluye el documento.
Sobre la sostenibilidad del modelo, el informe advierte que «la magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso». Las provincias enfrentan el mayor impacto de esta política fiscal.
«Las provincias, que dependen en gran medida de las transferencias y programas nacionales para sostener servicios básicos, enfrentan un escenario de alta complejidad para mantener la continuidad de políticas públicas en sus territorios», señala el CEPA, destacando que el ajuste nacional traslada la presión hacia las administraciones provinciales y municipales.
Entre las áreas más afectadas, el informe detalla que la Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una caída del 72%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia un recorte del 73%, y programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente quedaron sin ejecución. En paralelo, la infraestructura en municipios y las transferencias a provincias presentan caídas del 100%.
El documento concluye que «la magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales».