Patricia Bullrich parece no haber sacado ninguna lección de su estrepitoso fracaso de junio de 2024, cuando junto al fiscal federal Carlos Stornelli les armó una causa a 33 personas, acusándolas de “terroristas” que intentaron “un golpe de Estado”. Causa que terminó en el basurero a poco de andar, por ausencia de pruebas y evidente improvisación, aunque no sin joderle la vida a gente que fue torturada y pasó largo tiempo presa. O tal vez sí sacó alguna lección y, fiel a su idiosincrasia, ahora decide acelerar a fondo sin importar las curvas peligrosas a las que se acerca.
Los hechos de este miércoles en las inmediaciones del Congreso son un retrato incontrastable de la fenomenal debilidad política e institucional que tiene el gobierno de Javier Milei, al que lo mejor que le sale es mentir, estafar y castigar a quienes se rebelan. Acorralado, a su vez, por una situación económico-social sobre la que sólo puede mostrar una inflación contenida y la “necesidad y urgencia” de llorarle plata al FMI.
Fotos Enfoque Rojo
Negar las evidencias
El procedimiento irregular en el que se produjeron 114 detenciones, por parte de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, demuestra la magnitud de la operación montada desde el Ministerio de Seguridad Nacional. Un accionar hiperrepresivo y plagado de ilegalidades, muchas registradas en flagrancia (más abajo se detalla la secuencia que culminó en la rápida liberación de los detenidos).
Brutales golpizas, como a la jubilada de 87 años Beatriz Blanco que quedó desplomada en la vereda a manos de un cobarde uniformado (que rajó al ver que lo filmaban). Tóxicos gases lanzados al rostro de adultos mayores. Atropello a la Posta de Salud montada por profesionales médicos y de enfermería para asistir a manifestantes. Y el artero ataque al fotógrafo Pablo Grillo, que hoy lucha por su vida luego de que una granada de gas lacrimógeno lanzada a pocos metros de distancia le partiera la cabeza.
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A esas evidencias se suman otras, más ilegales aún. Policías federales dejaron armas en el pasto de Plaza Congreso para luego adjudicárselas a manifestantes. Servicios de inteligencia tiraron volantes apócrifos del Frente de Izquierda con consignas “golpistas”, difundidos a su vez por Manuel Adorni y su pandilla de trolls. La Policía de la Ciudad abandonó entre los manifestantes un patrullero vacío y un par de motos, que poco después se prendieron fuego. La misma fuerza mantuvo virtualmente secuestrado a un centenar de personas en un local partidario del PTS, sin dejar entrar ni salir a nadie. Y un larguísimo etcétera.
Patrullero abierto abandonado por la Policía de la Ciudad en Avenida Mayo y Santiago del Estero. Terminó incendiado.
Pese a tanta flagrancia de sus uniformados, este jueves Bullrich hizo una conferencia de prensa en la que no mencionó uno solo de esos hechos. Sólo insistió en que “todo fue organizado desde distintos lugares con el objetivo de desestabilizar a este gobierno”. Porque, según ella, gracias a La Libertad Avanza, “hoy la Argentina vive en paz y en tranquilidad” mientras que “la izquierda y el kirchnerismo” sólo quieren el “caos”.
Un gobierno de barrabravas
Tan burdo es todo que desde el Ministerio de Seguridad le dijeron al periodista de TNManu Jove que Bullrich decidió “no avanzar con ningún tipo de investigación o sumario interno”, ni siquiera sobre los casos sobradamente documentados del fotógrafo Grillo y la jubilada Blanco. Cautelosa, de eso la ministra no dijo nada ante los periodistas.
Lo que sí dijo es que presentará una denuncia penal “por sedición, por ir contra las fuerzas de seguridad, ataque a las autoridades, atentado y resistencia a la autoridad” contra “todos aquellos que participaron”. Y que “en estos días” van a mostrar “identificaciones de todas estas personas”. Teniendo en cuenta que se movilizaron decenas de miles, la promesa ministerial no es más que otro ítem de su decálogo de falacias.
La conducta patotera y criminal de los más de 800 uniformados lanzados a la represión y la cacería se complementa con la campaña discursiva del Gobierno y sus servidores mediáticos, que antes, durante y después de los hechos vieron “barrabravas” por todos lados, tratando de estigmatizar a los manifestantes y, claro, justificar la violencia estatal sobre ellos.
Pero les salió mal. A pocas horas de los acontecimientos, se comprobó que ninguno de los detenidos era miembro de ninguna “barrabrava”. De haberlo sido, con toda la información que tiene el Estado sobre ellos, hoy sus caras poblarían las pantallas. ¿Entonces quiénes son los “barrabravas”? Parece que quien actúa como una verdadera patota a sueldo es el Gabinete.
La Posta de Salud, antes, durante y después del amedrentamiento de la Policía de la Ciudad – Fotos Enfoque Rojo
Se cae la careta
En el anochecer del miércoles Bullrich le dijo a Luis Majul en LN+ que ya se contabilizaban “alrededor de 150 detenidos”, entre “barrabravas” y “militantes”. Provocadora, dijo que Pablo Grillo era uno de los “k” apresados, sabiendo que en ese preciso momento el joven estaba en el quirófano del Hospital Ramos Mejía. Se entiende por qué el padre del fotógrafo la llamó “bazofia”. Ella nunca pidió disculpas.
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El total de detenidos fue de 114. Si Bullrich no mintió en su conferencia de prensa al decir que hay cinco que “aún siguen presos”, la cifra alcanzaría a 119, lejos de lo que dijo por televisión. Para entender la deriva de su plan fallido es ilustrativo el fallo de la jueza Karina Andrade, quien a pocas horas de realizarse las detenciones masivas ordenó la liberación inmediata de todas y todos.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de Andrade, es el que está de turno durante la primera quincena de marzo para las comunas 1, 2 y 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso todas las detenciones recayeron en su despacho.
En su escrito de excarcelación, la jueza explicó que la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal dio información “imprecisa y dificultosa” sobre “las detenciones efectuadas y convalidadas” en las inmediaciones del Congreso. Información que esa fiscalía estaba obligada a volcar en un grupo de WhatsApp del que son parte, además de la jueza y sus secretarios, los “defensores auxiliares de flagrancia”. En este caso, la defensoría está a cargo de las abogadas Carolina Bressia y Raquel Hanono.
A través de esa vía de comunicación, los fiscales debían detallar la identidad de las y los detenidos, dónde se los detuvo, por qué delito “flagrante” y qué fuerza policial actuó. Y en el caso de que los cargos fueran por “atentado y resistencia a la autoridad”, estaban obligados a dar “una breve descripción de las circunstancias del suceso”. Pero, como se ve, nada de eso pasó.
Extracto de la resolución de la jueza Erika Andrade
Oficialmente, las primeras tres detenciones las produjo la Policía Federal a las 17:40 en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos. Una hora después los mismos efectivos detuvieron a otras seis personas. Para las 21 ya se contaban, siempre oficialmente, quince apresados. Pero eran muchos más.
A las 22:16 la jueza tomó conocimiento de otras 89 detenciones realizadas en las horas previas por parte de la Policía de la Ciudad. Pero no fue a través de un mensaje de la Fiscalía en el grupo de Whatsapp, sino por el reclamo de las defensoras Bressia y Hanono, que se habían enterado de esas detenciones vía la Dirección de Privados de la Libertad.
Recién a las 22:30 y por un exhorto de la jueza, la Fiscalía entregó un listado con 92 nuevos nombres y apellidos. Supuestamente todos habían sido detenidos en Diagonal Norte y Cerrito. Una detención masiva frente al Obelisco que nunca existió. Esa gente fue atrapada al voleo en otras zonas y llevadas a esa esquina a la fuerza, también acusadas de “atentado y resistencia a la autoridad”.
Al filo de la medianoche la Fiscalía informó cinco detenciones más, que se habrían producido “en las inmediaciones del Congreso por personal de la Policía Federal”, también por los mismos cargos. A esa hora, oficialmente, eran 113 los detenidos. Pero pasada la medianoche se informó de uno más.
Oficialmente, ninguna de las detenciones se realizó en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero, el lugar donde sospechosamente la Policía porteña dejó un patrullero con la puerta abierta, que terminó incendiado.
Para la Fiscalía de Flagrancia todas esas personas estaban presas de forma justificada. Pero no le proveyeron pruebas ni datos concretos a la jueza Andrade. Eso motivó un pedido expreso de excarcelación por parte de las defensoras oficiales, ya que se trataba de detenciones arbitrarias e ilegítimas.
Andrade pidió precisiones para poder definir si esas personas debían seguir presas o no, pero la Fiscalía no se las brindó. Se excusó en la supuesta “magnitud y cuantiosa cantidad de consultas recibidas en virtud de los múltiples hechos delictivos verificados”. Una vidriosa justificación de detenciones no informadas debidamente y de la falta de pruebas que las validen.
Las abogadas defensoras sumaron pedidos de información sobre más personas detenidas, citando denuncias públicas que decían que había gente apresada en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en el Obelisco, incluso “sin acceso a agua ni baños”. Sobre esas otras detenciones, la Fiscalía directamente no informó nada.
Con todas las “pruebas” sobre la mesa, a las 00:16 la jueza Andrade ordenó la liberación de esas 114 personas. Lo hizo basada en argumentos ajustados a las garantías constitucionales básicas que estipulan el artículo 14 de la Constitución Nacional, el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Derecho a la expresión y a la protesta
En sus fundamentos, Andrade afirmó que se encontraba “en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”, sobre todo “en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente”.
La jueza no emitió opinión sobre las detenciones en particular, sino sobre la pretención de la Fiscalía de mantener a todas y todos presos bajo el mismo abanico acusatorio de “flagrancia”, sin determinar siquiera los hechos concretos que se les endilgaban. “La complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia”, escribió, por lo que dispuso “la inmediata soltura de los detenidos informados con relación a los sucesos en el Congreso de la Nación”.
En los fundamentos de su decisión, la jueza dijo que la Fiscalía dio información “imprecisa y dificultosa”, ya que “se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención”. Y agregó: “No puedo soslayar, en esta línea, que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria”. Un argumento similar al expresado por la jueza María Servini en 2024 para sobreseer a las 33 víctimas de Bullrich y Stornelli.
A la jueza Andrade no se le informaron datos básicos de las detenciones. Sólo se aludió “en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’”. Ni siquiera la Fiscalía la llamó por teléfono para decirle, “al menos de forma aproximada”, la cantidad de detenidos. “Hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado (sólo) de catorce detenciones”, afirma en su escrito.
Tantas irregularidades son compartidas por la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal, la Policía Federal (dependiente de Bullrich) y la Policía de la Ciudad (a las órdenes del represor de la dictadura Horacio Giménez). Ni siquiera detallaron si hubo detenidos con “armas”, tal como irresponsable y alegremente divulgó la ministra sin mostrar una sola evidencia.
Beatriz Blanco, Pablo Grillo, otro fotógrafo detenido y el local del PTS sitiado por la Policía de la Ciudad – Fotos Enfoque Rojo
El Autoritarismo Avanza
“La libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, necesariamente concatenado con la primera, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad democrática dar a conocer sus ideas, conocer las opiniones de sus conciudadanos y los actos de gobierno y criticar los actos de sus representantes, así como peticionar a estos últimos”, escribió en su fallo la jueza Andrade.
La avanzada autoritaria es tan obvia que el mismo miércoles a la noche periodistas tan diversos como Pablo Duggan de C5N y Gonzalo Asís de TN afirmaban que en el Gobierno había mucho malestar por el, cuanto menos, “desprolijo” operativo. Sin embargo, al menos por ahora las pocas voces que salen a hablar desde el Poder Ejecutivo bancan a Bullrich.
Adorni cuestionó en X la decisión de la jueza de liberar a los 114 detenidos. Según él, esa gente “destruyó la Ciudad de Buenos Aires”. Por su parte el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que “si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”. Y el corso de medios afines los sigue en la cantinela.
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El mismo Francos dijo sobre Beatriz Blanco que “la Policía no le pegó a ninguna anciana, la señora se cayó sola y exhibía un bastón con el cual le pegaba a un policía”. Sobre el caso de Grillo dijo desconocer los detalles, aunque “este tipo de episodios a veces generan estos accidentes no previstos”. Cómo no va a generar odio tanto cinismo.
Pero las evidencias resultan inobjetables. Por eso a pocas horas de los acontecimientos la Procuraduría de Violencia Institucional, a cargo del fiscal Alberto Gentili, denunció ante la Cámara del Crimen los ataques contra el fotógrafo Grillo y la jubilada Blanco. El expediente ya está en los despachos del juez Jorge López y del fiscal Daniel Togni. La Procuvin pide, entre otras medidas, el listado de los efectivos que actuaron en ambos hechos, que Bullrich no quiere investigar.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciará internacionalmente al Gobierno. Como ya lo hizo el año pasado junto a otros organismos de derechos humanos, tomando como base documental todo lo visto y oído durante la jornada del miércoles, denunciará al Ejecutivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
A su vez, con el caso de Pablo Grillo como bandera, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) exige a Milei que “separe de inmediato” a Patricia Bullrich de su cargo “y la ponga a disposición de la Justicia” junto a sus subordinados. “De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra”, dijeron desde aRGra en un comunicado y una conferencia de prensa en la que estuvieron acompañados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Los hechos del miércoles, sumados a los innumerables atropellos represivos ejecutados desde el 10 de diciembre de 2023, son más que suficientes para que Bullrich sea investigada penalmente y juzgada por sus responsabilidades políticas en los crímenes que ejecutan sus subordinados. Desde las muertes de Fernando Gómez en Salta y de Ivo Torres en Jujuy al ataque homicida contra Pablo Grillo, el prontuario cada vez se agranda más.
Se trata de la misma ministra responsable política de los crímenes macristas de los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en 2017; así como del contrabando de municiones para los golpistas bolivianos en 2019.
Como expresó Myriam Bregman, “desde la Ley Bases hasta el día de ayer, Milei y Bullrich, con ayuda de ensobrados varios, tienen la política de instalar un régimen autoritario para arrasar con las libertades democráticas”. De allí que instó a todas y todos los referentes políticos, sociales y sindicales a “definirse sin tibieza, porque no podemos permitirlo”.
