El Gobierno redobla el ataque contra la jueza Karina Andrade, la magistrada que liberó en tiempo récord a los detenidos por la violencia frente al Congreso. Luego de pedir que seas apartada de la causa, el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich presentará el próximo lunes una denuncia penal en la Justicia contra la jueza por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
En paralelo también le pedirán al Consejo de la Magistratura que evalúe si Andrade debe ser sancionada por su accionar en el expediente que investiga la violencia en la marcha de los jubilados del miércoles pasado que contó con el apoyo de barras y militantes políticos.
Para el Gobierno el accionar de la jueza fue «un desastre». Argumentan que liberó a más de 100 detenidos «por Whatsapp» sin haber accedido a las actuaciones, sin haber controlado la prueba y sin haber verificado la existencia de antecedentes penales de los detenidos. Según el oficialismo, varios de los involucrados tenían un historial delictivo por lesiones, atentado contra la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos, entre otros.
Andrade, de 42 años, está a cargo a cargo del juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Es una magistrada de perfil garantista que asumió su cargo en agosto de 2021. Antes tuvo un paso por la Justicia federal. Para llegar a su cargo contó con el apoyo de Juan Manuel Olmos, un dirigente del peronismo porteño que tiene ascendencia en los fueros porteños. También contó con el impulso de Vanesa Siley, la sindicalista judicial e integrante de La Cámpora que además es diputada y Consejera de la Magistratura.
Este viernes, en medio de la polémica por las liberaciones, la jueza Andrade salió a defender su actuación. En una entrevista sostuvo que debe garantizarse «el derecho a manifestarse libremente» y dijo que la Policía no le dio información exacta sobre las detenciones. «No se recibía información del lugar de detención. Todos decían 237, 238 y 239, que es desobediencia al orden policial. Pero además no había ningún acta, eran todos nombres, DNI, lugar exacto, oficial que interviene. Siempre pido que en delitos de desobediencia que se haga un sucinto de los hechos. Yo creo que es muy importante, nada tiene que ver con que la investigación después siga», afirmó.
«Yo lo único que tengo que hacer es controlar los requisitos de la detención. En un contexto de ponderación de derechos. Nuestra Constitución Nacional debe garantizar la protesta, que se pueda manifestar libremente, y que la persona que cometa delitos sea detenida, pero garantizar el derecho a manifestarse», argumentó.
La denuncia que el Gobierno presentará el lunes contra Andrade va en paralelo a la que presentó este viernes contra los involucrados en la violencia del miércoles frente al Congreso. En la denuncia que presentó ahora apunta contra los detenidos, pero también contra los intendentes Fernando Espinoza, de La Matanza; y Federico Otermín, de Lomas de Zamora. Ambos comandan dos distritos del PJ en el Conurbano bonaerense. También involucraron a Leandro Capriotti y lo señalaron como «el máximo organizador» de la movilización. A Capriotti lo vinculan con el sindicalista Luis Barrionuevo.
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