Las últimas noticias de Javier Milei, EN VIVO: el DNU, la Ley Ómnibus y las nuevas medidas

El Gobierno nacional removió a la cúpula de la Superintendencia de Servicios de Salud, un día después del paro convocado por la CGT. Enrique Rodríguez Chiantore y Nicolás Striglio, que habían desembarcado en el inicio de la gestión de Javier Milei, serán reemplazados por Gabriel Oriolo y Claudio Stivelman.

Se trata de un área clave para los sindicatos, dado que la entidad que depende de la cartera sanitaria nacional maneja una caja millonaria de fondos que necesitan las obras sociales sindicales. A su vez, es la encargada de llevar adelante la desregulación del sistema de salud que impulsa la administración de la Libertad Avanza (LLA).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo al respecto en conferencia de prensa de este jueves en la Casa Rosada: «El Presidente busca cada día de su vida poner, tener y hacer que trabajen los mejores en cada área. Cuando él considera que una persona tiene que ser removida por determinada cuestión, que implica necesariamente que haya una persona más capacitada o con mayor experiencia o que el Presidente considera que es más atinada para el cargo, eso va a ocurrir. Ocurrió en este caso y va a seguir ocurriendo».

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a las críticas del Gobierno al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, por sus amenazas al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, después de advertir: «Si sigue con el ajuste los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo», en su dicurso frente al Congreso en el paro general de la CGT del miércoles.

Adorni dijo: «En este nivel de diálogo no entramos porque no consideramos que sea diálogo. Entendemos que es una parte del sindicalismo que no quiere perder privilegios. Decir que van a revolear a un ministro al Riachuelo es un acto violento, más en democracia», en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Tras el agravio del dirigente sindical Caputo se hizo eco de un mensaje de Javier Timerman en la red social X: «Qué espanto escuchar a un dirigente sindical amenazar con tirar al Riachuelo a Luis Caputo. Sin palabras. No hay lugar para esos dichos en una democracia».

Mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo al respecto en declaraciones a A dos voces, por TN: «La frase no la tomo como que Pablo Moyano va a tirar al Riachuelo a Caputo, es una expresión mal planteada, agresiva, pero después pidió disculpas».

Era sabido: sin mayoría en el Congreso y sin gobernadores propios, Javier Milei iba a tener que forzar la máquina para llevar adelante el plan de Gobierno de ajuste fiscal y déficit cero. También que la pretendida suba de tarifas de los servicios públicos iba a desencadenar una andanada de cautelares para frenarla en la Justicia.

El miércoles, mientras el Gobierno enfrentaba el paro-movilización de la CGT y la dilación por las negociaciones trabadas en Diputados por la Ley Ómnibus, el juez federal de Lomas Zamora, Ernesto Kreplak, ordenó posponer la audiencia pública para el incremento de las tarifas de transporte de colectivos y trenes.

El magistrado es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El martes, había intimado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que se abstuviera de filmar la marcha de la CGT y de interceptar personas para pedirle documentación en el transporte público.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, «le sugerirá en lo inmediato» al Procurador general interino, Eduardo Casal, jefe de los fiscales, «la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de funcionarios», en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Adorni explicó que el organismo que propondrán crear se centrará en la investigación de «casos de corrupción de funcionarios, en especial del delito de enriquecimiento ilícito, incrementos patrimoniales no justificados, que incluirán a funcionarios nacionales y provinciales de los poderes Ejecutivo y Legislativo»: «Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito. Nunca el delito puede producir beneficio».

Desde el Gobierno salieron a criticar a la Justicia por los fallos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), uno de los estandartes de las reformas que propone el presidente, Javier Milei. El ministro del Interior, Guillermo Francos, lanzó cuestionamientos contra el fuero laboral por las sentencias contra la resolución que impulsa la desregulación económica: «La justicia laboral es un sector que tiene una serie de prejuicios sobre normas laborales».

Francos confirmó que apelarán «todos los fallos para que la reforma laboral del DNU siga vigente», y explicó: «Si no tenemos normas laborales modernas no podemos progresar al ritmo de otros países, se trata de un reclamo que hacen las cámaras empresarias, podrán venir amparos de todo tipo, pero no dan respuestas a lo que espera el conjunto de la sociedad, que haya más trabajo», en declaraciones a Radio Rivadavia.

El presidente, Javier Milei, encabezó una reunión de gabinete en Casa Rosada para analizar el paro general de la CGT en contra de sus políticas y avanza en la estrategia por la Ley Ómnibus, en medio de las negociaciones con la oposición «dialoguista» para tratar de conseguir la media sanción en la Cámara Baja, que está previsto que la próxima semana se trate en el recinto, tras el dictamen de mayoría en comisiones.

Participaron además la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros: Guillermo Francos (Interior), Luis Caputo (Economía), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Russo (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Petri (Defensa).

Sumado al secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El dirigente de la CGT, Pablo Moyano, fue denunciado por amenazas e incitación a la violencia por sus declaraciones durante el acto en el paro de ayer contra el DNU y la Ley Ómnibus. Fue el abogado, Jorge Monastersky, quien acusó al sindicalista camionero por sus amenazas al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, a quien le advirtió que si continúa con el ajuste «los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo».

La denuncia será sorteada hoy por la Cámara Federal porteña para que se le asigne un juez y un fiscal. Luego de la repercusión que causaron sus declaraciones, Moyano le bajó el tono y dijo que fue «una frase metabólica», confundiéndose con la palabra metafórica.

La Casa Rosada volvió a presionar a los gobernadores por la Ley Ómnibus, esta vez a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, que advirtió que si no se aprueba tendrán que «cortar más gastos», lo que incluirá las partidas que Nación les envía a las provincias.

Francos se sumó a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y advirtió que en caso de que tengan que podar los fondos que les envían a las jurisdicciones las provincias «van a tener problemas».

El ministro del Interior planteó: «Caputo hizo referencia en un tuit de las consecuencias que tendría para el país no aprobar la Ley Ómnibus, que tiene que ver con que no hay recursos para pagar enorme cantidad de gastos que tienen Nación y las provincias», en declaraciones a Radio Rivadavia.

Francos dijo que «todas las provincias demandan fondos, y cuando uno no los tiene, suprime las transferencias a las provincias porque no tiene plata para mandar, y si pasa eso las provincias van a tener probemas. No es una amenaza, es una realidad, algunos lo tomaron como una amenaza a gobernadores».

El ministro del Interior dijo al respecto: «Se generó una polémica, por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente, cuando lo que dice Caputo es: ‘Si no tengo esta ley que me permite generar cambios, que incluye actividad desregulatoria que permite ingresos de capitales, y nuevos ingresos a Nación y a provincias, si no pasa eso vamos a sufrir más porque tendremos que cortar muchos más gastos'».

Tras asegurarse un dictamen de mayoría para la Ley Ómnibus, el Gobierno negocia ahora el apoyo de una parte de los gobernadores peronistas del norte del país.

Según pudo saber TN, en el oficialismo está llevando adelante una maniobra compleja para asegurarse aprobar de puntos clave de la ley: convencer a los mandatarios provinciales de que acepten la suba en las retenciones al campo a cambio de la restitución del impuesto a las Ganancias, una medida que a los distritos les devolvería una suma multimillonaria por coparticipación.

La Ley Ómnibus avanza, a los tumbos, pero avanza en Diputados. Finalmente, este miércoles por la tarde, apareció el dictamen de mayoría que habían firmado, en la madrugada previa, cuando aún terminaban de redactarlo, los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, un sector de la UCR y parte de los «federales» que responden a gobernadores. Pero el oficialismo decidió postergar una posible sesión para la semana que viene, en contra de su intención original de darle media sanción este jueves.

El escenario sigue plagado de incógnitas: cuánto de lo que el oficialismo incluyó en el dictamen pese a las críticas opositoras terminará siendo aprobado y qué magnitud de desguace sufrirá el megaproyecto, que viene recibiendo podas sistemáticas; con qué nivel de integridad llegará Unión por la Patria, que en las últimas horas tuvo su primera fractura desde el cambio de Gobierno y enfrenta el peligro de que exista una onda expansiva.

También qué grado de «tolerancia» sostendrán los bloques dialoguistas y sus gobernadores, que le dieron a LLA la posibilidad de tener un dictamen, y aun así continúan recibiendo dardos y amenazas públicas desde el Ejecutivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, minimizó el paro de la CGT contra el DNU y la Ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei, que consideró que fue «muy flojo, 40 mil personas es muy poco», en declaraciones a A dos voces, por TN.

Bullrich planteó que en la medida de fuerza del miércoles participaron «el 0,19% de los trabajadores de este país, la mayoría de la gente quiso trabajar», y dijo que recibieron más de tres mil denuncias por aprietes, que judicializarán.

El bloque de Unión por la Patria en el Senado le pidió a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que convoque a una sesión especial para el 1° de febrero a las 14:00, para tratar el megadecreto firmado por el presidente, Javier Milei, al iniciar su gestión.

El Gobierno envió formalmente a principios de enero el decreto al Congreso, que debe definir su validez. Según la ley que regula el tratamiento de los decretos presidenciales, la Bicameral de Trámite Legislativo tendría que haberlo analizado dentro de los 10 días hábiles, pero esa comisión no fue conformada.