15 de diciembre de 2023 – 00:40
El conflicto de poderes que enfrenta a la Justicia con el Gobierno y la Legislatura languidece irresuelto mientras se aproxima la feria judicial. En términos que han puesto de moda las medidas del presidente Javier Milei y su ministro Luis “Toto” Caputo, se ha licuado sin mayores resultados entre la intransigencia de los contendientes y una realidad nacional angustiante que han terminado por encapsularlo en la insignificancia.
Los últimos estertores marcan esta agonía, sin perjuicio de que la polémica pueda recuperar bríos más adelante.
La Corte sacó una acordada en la que las divergencias salariales se difuminan para marcar al Gobierno como responsable de un ataque a la independencia del Poder Judicial. Envió copias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el flamante ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, con los correspondientes pedidos de audiencia para extenderse sobre el caso.
«Se deben implementar medidas tendientes a revertir la grave situación institucional por la que transita este Poder Judicial y en orden a ello, debe hacerse conocer a la Junta Federal de cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Corte de Justicia de la Nación», considera el máximo tribunal provincial.
Sobre el carácter concreto que deberían tener estas medidas no dice nada, pero no hace falta ser jurisconsulto para advertir que sobrevuela la insinuación de una intervención federal.
Esta escalada en la agresividad de la pelea no ha tenido respuesta acorde por las razones políticas ya señaladas: la disputa ha terminado circunscripta a la familia judicial, aislada de una sociedad cuyas inquietudes van por otros carriles.
La Corte ha dejado el tema, por supuesto, planteado en los organismos judiciales nacionales, pero la percepción del Gobierno es que las chances de que obtengan respuestas favorable son remotísimas, mucho más teniendo en cuenta que las reacciones al profundo ajuste que empezó a aplicar le darán al Gobierno nacional preocupaciones mucho más acuciantes que las rencillas interpoderes catamarqueñas.
Esta impresión fue determinante para descartar de plano la idea que algunos sectores oficialistas comenzaban a barajar para detonar definitivamente la crisis y avanzar con un juicio político a los miembros de la Corte.
Tampoco anda la Provincia tan holgada como para darse el lujo de embretarse en tamaño trauma.
Sería y también se dan cuenta los jueces, una señal política pésima hacia la sociedad, que no se identifica con la disputa por la sencilla razón de que la siente ajena.
Que la independencia del Poder Judicial o la armonía administrativa son principios importantísimos que deberían congeniarse es innegable, pero para la mayoría de la gente se trata de conceptos demasiado abstractos frente a una corrosión de los bolsillos vía inflación que, de acuerdo a lo que el propio ministro Caputo anuncia, se extenderá lo que sea necesario para cumplir con el objetivo de reducir el déficit fiscal a cero al final de 2024.
En este marco, pasó desapercibido en términos generales el pedido del Colegio de Abogados al Ministerio de Trabajo para que inicie el procedimiento de conciliación obligatoria tendiente a normalizar las actividades de tribunales. Ya al año le quedan solo dos semanas y empieza la feria.
Para el inmenso universo forastero a letrados, magistrados y funcionarios judiciales, es más imperioso atenuar el impacto del ajuste y tratar de pasar fiestas y vacaciones de la mejor manera posible que los avatares de un conflicto de poderes que, ha de convenirse, no ha sumado mayores inconvenientes a los que ya son uso y costumbre.
Quizás la pausa sirva para mitigar los temperamentos de los antagonistas y comenzar a arrimar posiciones. Con las premuras económicas que están obligados a atravesar los ciudadanos de a pie, el horno no está para bollos.