28 de octubre de 2023 – 01:15
Dos casos de violencia y autoritarismo policial se ventilan por estos días en el ámbito de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación. Ambos casos tienen como acusada a un mujer policía identificada como Fernanda Gabriela Santillán. Los delitos que se le endilgan son “vejaciones” y “privación abusiva de la libertad en concurso ideal con lesiones leves calificadas por haber sido cometido por un miembro policial en abuso de sus funciones».
Pese a que las denuncias sobre apremios o abusos policiales –en comisarías o la vía pública- son constantes, son muy pocos las que se convierten en casos judiciales y llegan a juicio. La mujer policía fue protagonista de dos hechos: en 2015 habría vejado a una mujer embarazada. Según dijo la víctima, la policía la «obligó a desnudarse» y la hizo «desfilar por la comisaría». Añadió que le «pegó cachetadas», generándole incluso pérdidas de líquido amniótico. El otro hecho ocurrió en 2021. Santillán arrestó por la fuerza a la propietaria de un local comercial solo porque se había negado a identificarse, agrediéndola físicamente. Había en el lugar otros efectivos que no hicieron nada para impedir el abuso. El incidente fue registrado en un video, luego publicado por El Ancasti.
La comerciante fue conducida a la comisaría Primera, donde permaneció varias horas. El médico policial se negó a revisarla y constatar las lesiones que la víctima de la agresión tenía. Cuando fue dejada en libertad, la comerciante radicó la denuncia.
A diferencia de muchos otros casos de vejaciones policiales a ciudadanos, este caso sí avanzó en la Justicia, seguramente por la difusión pública del caso, con las imágenes que no dejaban lugar a duda respecto del abuso policial. Al mismo tiempo, se activó la causa originada por la denuncia anterior, que databa de seis años antes al segundo abuso.
Es decir, la inacción judicial para investigar el primer caso permitió que la mujer policía siguiese trabajando normalmente, y de hecho fue factor imprescindible para que se produjese el segundo caso de abuso.
Otro tema delicado es la presencia en la fuerza de integrantes que no pueden contener su personalidad violenta. O las pericias psicológicas no se hacen como corresponde, o hay presiones de las autoridades para que sean laxas y permitan el ingreso de policías sin la preparación mental adecuada.
La eventual condena de la mujer policía debería ser aleccionadora. Es decir, no debería tener como única finalidad separarla de la fuerza de seguridad y castigarla según lo que marca el Código Penal, sino también servir como ejemplo para evitar que se produzcan otros casos nuevos. El problema es que el Poder Judicial debe investigar a conciencia cada denuncia, y no solo actuar cuando un video prueba fehacientemente el abuso.
La policía está para cuidar a los ciudadanos y no para abusar de ellos valiéndose de una autoridad delegada y mal utilizada. Sin embargo, los casos de violencia policial siguen siendo muy frecuentes y los abusadores rara vez son condenados por sus acciones.