16 de septiembre de 2023 – 01:15
Cristina Kirchner no encontró mejor argumento para tratar de desacreditar la sentencia que condena al Estado argentino a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares por los desatinos cometidos en la expropiación de YPF, que el video de una congresista norteamericana denunciando vínculos corruptos entre Paul Singer, el más célebre litigante de los fondos buitre contra la Argentina, y un miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Samuel Alito, que falló contra la Argentina en una causa que llevaba el mismo Singer. Es raro, porque ella se jacta de sus conocimientos jurídicos.
Quien condenó al Estado nacional a indemnizar a los fondos Burford y Eton no fue Alito, sino la jueza neoyorkina Loretta Preska, en un extenso proceso en el que no intervino el mefistofélico Singer. Se ve que no hay fisuras en el fallo o la trayectoria de la jueza que permitan cuestionarla directamente.
“Hay un viejo aforismo que reza… ‘Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad’. Y si no me creés, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2400 millones de dólares”, publicó Cristina en su cuenta de X.
En el video, la congresista se explayaba en una serie de consideraciones mientras exhibía una foto de Alito y Singer en una costosa excursión de pesca supuestamente pagada por el representante de los buitres.
La jueza Loretta Preska no aparece, ni es mencionada por Ocasio-Cortez, pero de todos modos Cristina extrapola la conclusión: “Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país”.
Obviamente, Ocasio-Cortez se ha convertido en la nueva heroína del kirchnerismo. Sin embargo, prevalece la fragilidad jurídica de la defensa ensayada por Cristina.
La sentencia de Preska no es complicada. El gobierno de Cristina, en operación ejecutada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, se abstuvo de hacer una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones de YPF, como ordena el estatuto de la firma presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º de este estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.
Para Kicillof, considerar este punto era “una estupidez”, propia de “tarados”. Preska le dedicó algunas consideraciones más bien humillantes al gobernador de la provincia de Buenos Aires en su sentencia.
Lo que Cristina no dice es que el fondo Bruford, que le compró la quiebra los derechos para litigar al grupo Eskenazi, basó precisamente en esa omisión su estrategia jurídica. Tampoco marca que el riesgo que representaba no contemplar el estatuto de YPF en la expropiación le fue advertido a los funcionarios orientados por Kicillof y el procurador del Tesoro Carlos Zannini por especialistas del propio Gobierno nacional. Ni que los Eskenazi, que podrían llevarse una tajada del resarcimiento de Bruford, habían entrado como accionistas de YPF patrocinados por su difunto esposo Néstor.
Con semejante acumulación de torpezas y oscuridades, no hacía falta ninguna conspiración.
Lo interesante es cómo vienen a emparentarse las retóricas de Cristina y Javier Milei. Cuando le piden que responda los argumentos que se plantean contra sus delirios, el libertario también elude explicaciones, se limita a tildar de ignorantes, estúpidos y malintencionados a sus antagonistas y se proclama poseedor de una sabiduría superior. Igual que hizo Kicillof en 2012, cuando comenzó a cavar, con el respaldo de una mayoría aplastante en el Congreso, este agujero de 16.100 millones de dólares.