La querella y el Ministerio Público Fiscal solicitaron a la Corte de Justicia que declare la nulidad de la resolución que otorgó la prisión domiciliaria preventiva al sacerdote Renato Rasgido, condenado por abuso sexual. La audiencia de expresión de agravios se realizó el martes en la Sala Penal.
La querella, al igual que el Ministerio Público Fiscal (MPF), solicitó a la Corte de Justicia que declare la nulidad de la resolución del juez de Ejecución Penal Nº 2, Eugenio Joaquín Acs Acuña, que dispuso la prisión domiciliaria preventiva del sacerdote Renato Rasgido, condenado por dos hechos de «abuso sexual simple y dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravados por su condición de ministro de culto». El planteo se realizó el último martes en la audiencia de expresión de agravios en contra de la detención domiciliaria del cura, en la Corte de Justicia.
El mismo cuestiona el carácter cautelar de la medida y la falta de intervención de las partes en el procedimiento que derivó en su concesión. Durante la audiencia de expresión de agravios que se llevó a cabo en la Sala Penal, el fiscal Correccional Nº 2, Gabriel Federico Maturano, sostuvo que la resolución del juez de Ejecución Penal Nº 2, Eugenio Joaquín Acs Acuña, «vulneró el debido proceso, la bilateralidad y las reglas del contradictorio». En este marco, pidió que se anule la resolución y que las actuaciones vuelvan al juzgado de origen para que se realice una nueva junta médica con intervención de las partes. Solicitó además que se realice un nuevo pedido de prisión domiciliaria, esta vez, cumpliendo con el procedimiento legal correspondiente.
El abogado Hernán Jaime Morales, quien junto a la letrada Silvia Barrientos representa a la víctima, cuestionó la manera en que actuó el juez Acs Acuña. «Esta querella se adhirió a la casación presentada por el Ministerio Público, la cual se basaba en que se había violado el principio de contradicción y bilateralidad, en razón de ello no se había notificado con antelación al Ministerio Público. El Ministerio Público podría haber puesto un perito o podría haber presentado nuevos puntos de pericias o un consultor médico. Al violarse este contradictorio, no le permitió al Ministerio Público poder hacer esto», aseguró.
Jaime Morales, además, explicó que con la decisión del juez, la querella no pudo contar con un perito de parte que pueda opinar sobre si Rasgido está en condiciones o no de acceder a una detención domiciliaria. «Nosotros no hemos podido establecerlo mediante un perito de contralor propio si realmente él está en condiciones de estar con prisión domiciliaria. El juez no ha tomado en cuenta esto. Veremos qué resuelve la Corte en base a los planteos que se han hecho», añadió.
Por último, remarcó que la decisión de Acs Acuña fue «totalmente desacertada». «Estamos frente a una persona (por Rasgido) que ha cometido un delito contra la integridad sexual muy grave, contra un niño. (El juez) tiene que haber tenido en cuenta todo este tipo de cuestiones, notificaciones, que las partes tengan la posibilidad de ofrecer peritos de contralor, nuevos puntos de pericia, y eso no se cumplió», concluyó.
En la audiencia del martes, la defensora del condenado, Lorena Morales, sostuvo la validez de la resolución dictada por Acs Acuña y pidió a la Corte que rechace el recurso de casación presentado por el Ministerio Público Fiscal y la querella. Tras escuchar los planteos de las partes, la Sala Penal de la Corte, integrada por la presidenta María Fernanda Rosales Andreotti y los ministros Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño, dispuso un cuarto intermedio para resolver el recurso presentado por la Fiscalía.