El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó este martes una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que se refirió a los dichos del presidente Javier Milei sobre la deportación de 20.000 terroristas. Ravier sostuvo que parte de los extranjeros expulsados son posibles terroristas y que otros no cumplían con los requisitos de ingreso.
En la rueda de prensa realizada este martes en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado sobre las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había afirmado que el Gobierno «deportó a 20.000 terroristas» en lo que va del año. Ravier respondió que parte de los extranjeros expulsados podrían representar un «peligro para la seguridad nacional», aunque no brindó precisiones sobre cuántos de ellos están vinculados a organizaciones terroristas.
El portavoz explicó que las medidas en los pasos fronterizos buscan «proteger el territorio» frente a perfiles de riesgo. Ante las repreguntas de los periodistas sobre si todos los deportados formaban parte de entramados terroristas, Ravier afirmó: «Parte de ellos sí, y otra parte no cumplía con los requisitos de ingreso que establece nuestro país. En todo caso, es importante que cuidemos nuestras fronteras para proteger a los argentinos, algo que no pasaba antes con otros gobiernos».
Según detalló, el 72,3% de los rechazos correspondieron a personas que intentaron ingresar sin cumplir las exigencias legales, con condenas previas o antecedentes. En cuanto a la procedencia, el 21,7% provino de Brasil, seguido por ciudadanos de Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia.
Estas declaraciones se dieron en el marco de una entrevista que Milei concedió a LN+, donde sostuvo que el Gobierno expulsó a 20.000 terroristas en lo que va de 2026 y a otros 10.000 durante el año anterior. Sin embargo, las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad no incluyen registros de personas calificadas bajo esa figura. Los números del área indican que entre diciembre pasado y agosto se concretaron 744 expulsiones y se registraron 18.947 impedimentos de ingreso.
De acuerdo con las planillas oficiales de la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva, la mayoría de las intervenciones respondieron a faltas administrativas o cuestiones judiciales. Hubo 8.008 casos encuadrados como infracciones migratorias y 6.298 personas rechazadas por no contar con documentación habilitante.
Además del tema migratorio, Ravier se refirió a otros asuntos. Justificó las modificaciones en el esquema de personal de la residencia de Olivos, donde se despidió a al menos 12 personas. Señaló que los cambios respondieron a previsiones de seguridad ante la visita del papa Francisco y a la detección de «amenazas dirigidas a funcionarios de alto nivel». Confirmó que la Casa Militar asumió la protección directa de cualquier residencia que ocupe el jefe de Estado.
En materia económica, el vocero afirmó que la Argentina presenta «de los salarios en dólares más altos de la región» y defendió la desregulación del mercado para bajar costos y ganar competitividad en las exportaciones. Al ser consultado sobre el impacto laboral de las importaciones en ciertos sectores industriales, admitió la complejidad del proceso, pero ratificó la orientación oficial.
Respecto de los índices sociales, Ravier relacionó los niveles de pobreza con la evolución de la inflación y sostuvo que la pobreza bajó del 50% a un 32%, aunque reconoció un impacto reciente en la canasta básica a raíz de lo que calificó como «un ataque político». «Como el IPC volvió a bajar, creemos que es una situación transitoria», declaró, y aseguró que la economía atraviesa un cambio estructural impulsado por el sector energético y petrolero.
Frente a la suba del riesgo país, el funcionario atribuyó el indicador a condicionantes externos, entre los que mencionó los conflictos en Medio Oriente y el alza de la tasa de interés en Estados Unidos, factores que afectan la liquidez de los mercados emergentes.
En relación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que el país «sobrecumplió las metas de acumulación de reservas» y negó recortes estructurales en los pagos a prestadores del sistema de salud y de discapacidad: «Este gobierno no emite moneda para cumplir con el presupuesto; reasigna recursos. Más allá de alguna demora puntual, cumplimos con los pagos».
Consultado sobre una eventual actualización de las metodologías del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el vocero descartó una modificación en el corto plazo. «Hoy no hay fecha. Quizás no es el mejor momento para hacerlo en pleno proceso de estabilización y tan cerca de las elecciones», argumentó.