La Comunidad Indígena de Peñas Negras presentó un escrito ante la Fiscalía Penal de Belén solicitando medidas urgentes ante denuncias de violencia, amenazas y hostigamiento en su territorio.
La Comunidad Indígena de Peñas Negras solicitó la intervención de la Fiscalía Penal de Belén ante una serie de hechos que, según su representante legal, se habrían producido en territorio comunitario y que incluirían episodios de violencia, amenazas y hostigamiento.
La presentación fue realizada el domingo 6 de septiembre por la abogada Andrea Morales Leanza, quien pidió la adopción de medidas urgentes para resguardar la integridad física de los integrantes de la comunidad. En el escrito, solicitó que personal de la Fiscalía se traslade al lugar para recibir denuncias y testimonios, preservar evidencia, identificar posibles responsables, relevar testigos y documentar eventuales lesiones. También pidió que, de corresponder, se disponga la intervención de personal médico para constatar las lesiones denunciadas.
Según consta en el escrito, el miércoles 2 de septiembre la abogada recibió comunicaciones telefónicas de miembros de Peñas Negras, quienes le informaron sobre situaciones que calificaron como de «extrema gravedad». De acuerdo con esos relatos, efectivos policiales habrían ejercido violencia física contra comuneros, mediante golpes y uso de gas pimienta. La presentación sostiene que estos episodios habrían generado situaciones de tensión y enfrentamiento en el territorio.
Otro punto planteado ante la Fiscalía se relaciona con la presencia de personas que, según los comuneros, estarían ingresando o intentando ingresar al territorio sin identificarse debidamente. La denuncia señala que algunas de esas personas se movilizarían en motocicletas sin identificación visible y que no habrían exhibido una orden judicial, autorización o instrumento legal que permitiera conocer el fundamento de su presencia en el lugar.
Por este motivo, la representante legal solicitó que se determine la identidad, función y dependencia de quienes se encuentran interviniendo en el conflicto y que se establezca si existe algún instrumento jurídico que habilite su ingreso, permanencia o realización de actividades dentro del territorio comunitario.
La presentación sostiene que la situación habría generado un estado de temor entre los integrantes de la comunidad, algunos de los cuales permanecerían dentro del territorio y limitarían sus desplazamientos ante el temor de nuevas agresiones o represalias. También se mencionan presuntas amenazas y episodios de hostigamiento.
La abogada informó que se trasladaría hacia la zona para brindar asistencia jurídica a los integrantes de la comunidad. En el escrito señaló que había sido advertida sobre la existencia de amenazas y sobre el riesgo de sufrir agresiones si intentaba ingresar por determinados sectores del camino hacia Peñas Negras, entre ellos la zona de Laguna Blanca. Ante esa situación, solicitó que se disponga o gestione un móvil policial para acompañar su traslado desde Belén hasta el territorio comunitario. Indicó que tenía previsto arribar a la ciudad el martes 8 de septiembre alrededor de las 18, para continuar luego hacia la zona de El Hunquillar.
Sin embargo, la Fiscalía no respondió el planteo y, sin custodia en Belén, Morales Leanza decidió ingresar a la zona del conflicto desde Salta.