La magistrada de Lomas de Zamora, especialista en derecho de familia y con antecedentes en la función pública bonaerense, dictó una medida cautelar que frena la aplicación de la ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
La jueza Marta Pascual, titular de un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la ley 27.801, que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. La medida fue dictada en el marco de una causa judicial y tiene alcance provincial.
Pascual nació y se crió en el partido bonaerense de Almirante Brown. Se recibió de abogada en la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con posgrados en Derecho Público y en Magistratura. Es madre de cuatro hijos y abuela de nueve nietos.
En el ámbito público, se desempeñó como ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde. También fue presidenta del Consejo Provincial del Menor y consultora de Unicef. Además, presidió la Asociación Internacional de Magistrados y Funcionarios de la Juventud y de la Familia (Aimjf).
En el ámbito académico, dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue docente en diversas universidades nacionales e internacionales. En junio de 2025, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) le otorgó el doctorado honoris causa. En esa ocasión, la UNAB señaló que Pascual “lideró iniciativas innovadoras como la Red de Potreros Digitales, destinada a capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad” y que publicó más de 30 trabajos especializados.
En su resolución, la magistrada sostuvo que “hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia”. También afirmó que “se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia”.
En declaraciones a radio Now 97.9, Pascual expresó: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad”. Agregó que aplica la “justicia restaurativa”, que busca que los jóvenes “se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no ‘pibes chorros’”.
La ley 27.801 fue aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero de 2025. La suspensión dictada por Pascual tiene una duración de 60 días.