El diputado provincial Javier Galán (MID) reiteró su pedido de que la ley se aplique de la misma manera para todos, al insistir sobre el planteo de caducidad que su defensa presentó en la Cámara de Apelaciones. La Cámara definirá el 1° de septiembre si hace lugar a la solicitud.
El diputado provincial Javier Galán (MID) solicitó que «la ley se aplique de la misma manera para todos», al insistir sobre el planteo que su defensa ejerció en la Cámara de Apelaciones, señalando que considera vencido el plazo para que la Justicia se expida sobre su desafuero.
«¿Para qué tener un plazo si después lo vamos a interpretar como nos parezca? Mi caso puede sentar un precedente para todos, incluso un gobernador, un intendente. ¿La ley es igual para todos?», se preguntó Galán, con el Código Procesal en la mano, y remarcando el artículo que fija el plazo de dos meses para finalizar la investigación jurisdiccional.
«Quiero explicar de manera simple y sin tecnicismos qué estamos discutiendo en mi causa judicial. Hay un plazo establecido por la ley. Mi defensa sostiene que ese plazo se cumplió y que corresponde aplicar la caducidad. La Justicia deberá resolverlo. Yo no soy abogado. Soy diputado y también soy una persona que tiene derecho a defenderse. Por eso estudio las normas, escucho a mi abogado y trato de explicarle a la sociedad qué es lo que estamos planteando. No pido privilegios, ni impunidad, ni que me den la razón por ser diputado. Pido que la ley se aplique de la misma manera para todos», sostuvo.
En este sentido, dijo que «en la escuela me enseñaron que la Justicia tiene los ojos vendados justamente para no mirar quién está delante de ella». «¿Si este mismo plazo correspondiera a un diputado oficialista, la norma se interpretaría y se aplicaría exactamente de la misma manera? La respuesta a esa pregunta también habla del tipo de Justicia que queremos para Catamarca», lanzó.
La Cámara de Apelación definirá el 1° de septiembre si hace lugar al planteo de caducidad que presentó la defensa de Galán en la segunda de las audiencias orales por las denuncias de abuso sexual en su contra. Galán lo había planteado anteriormente ante el Juzgado de Control de Garantías nº4, a cargo de Marcelo Sago, quien rechazó la solicitud al advertirle que los plazos se demoraron por las propias presentaciones de su defensa. En la última audiencia, la fiscal Alejandra Antonino insistió sobre ese punto.
Antonino explicó que la caducidad castiga la inactividad procesal dentro de un plazo determinado, no el mero transcurso del tiempo, y que en este caso el juez de garantías avanzó «incesantemente» desde el inicio, dando lugar a todas las pruebas que las distintas partes fueron solicitando, sin tiempos muertos en el proceso; y remarcó que la extensión de la causa responde a la seguidilla de recursos interpuestos por la propia defensa, y no a una inacción del tribunal.