El revés legislativo del proyecto de Ley de Tierras generó discusiones internas en el Gobierno. Funcionarios señalaron a Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich por la estrategia y el resultado de la votación.
El tratamiento de la Ley de Tierras en el Congreso derivó en una serie de críticas internas en el Gobierno. El proyecto, que no obtuvo la aprobación esperada, motivó la búsqueda de responsables por la derrota legislativa y por los incidentes ocurridos durante una protesta frente al Congreso.
Las críticas se dirigieron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y a la senadora Patricia Bullrich. Sturzenegger fue cuestionado por impulsar una iniciativa de alcance amplio. Desde su entorno rechazaron las observaciones y señalaron que continuará con la agenda de desregulación. La situación evidenció diferencias entre el presidente Javier Milei, que respalda al ministro, y su hermana Karina Milei, cuyo entorno cuestionó que el funcionario actuara por su cuenta.
Bullrich recibió críticas por la estrategia para sostener el proyecto en el Senado. En las horas previas a la votación, desde su entorno se afirmaba que la iniciativa sería aprobada sin modificaciones. Finalmente, el oficialismo resignó capítulos del proyecto y aceptó un resultado diferente al esperado.
En el Gobierno se minimizó la cantidad de manifestantes y se atribuyeron los incidentes a sectores violentos. La jornada terminó con 12 detenidos y varios heridos, mientras una multitud se concentró en las inmediaciones del Congreso. Desde la Casa Rosada también se cuestionó la presencia de manifestantes autoconvocados que rechazaban la ley.
El presidente Milei, que se encontraba fuera del país, siguió la discusión a distancia. Desde Quito, antes de continuar su viaje hacia Colombia, difundió mensajes de respaldo a Sturzenegger y Bullrich. En la Casa Rosada, se reconoció que existió un problema de comunicación para defender la iniciativa.
“Dejamos que el kirchnerismo instale que íbamos a vender la soberanía y quedó eso”, admitió un funcionario, quien sostuvo que la ley buscaba reforzar el control sobre las tierras y que una base china no habría podido instalarse bajo ese esquema.