Datos del INDEC indican que la informalidad laboral llegó al 44,2% en el primer trimestre de 2026, mientras distintos municipios y provincias intensifican controles sobre vendedores ambulantes y personas en situación de calle.
Según los últimos datos del INDEC correspondientes al primer trimestre de 2026, la informalidad laboral alcanzó el 44,2% de los ocupados, la cifra más alta de los últimos años. El empleo asalariado privado registrado acumula una pérdida de 217.000 puestos desde noviembre de 2023.
Frente a ese cuadro, distintas gestiones municipales y provinciales han optado por intensificar el hostigamiento a quienes trabajan o sobreviven en el espacio público. En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Jorge Macri lleva adelante desde el inicio de su mandato una política sistemática de desalojos de vendedores ambulantes.
Este patrón se replicó en los últimos meses en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Tucumán, Bariloche, Comodoro Rivadavia y varios municipios del conurbano bonaerense, que avanzaron con ordenanzas o controles más estrictos contra vendedores ambulantes, trapitos, limpiavidrios, cartoneros o personas en situación de calle.
En Catamarca, en marzo pasado, los concejales Diego Figueroa y Eleonora Sopaga, del bloque Alianza La Libertad Avanza-PRO, presentaron en el Concejo Deliberante de la Capital dos iniciativas que avanzan en la misma dirección. Las iniciativas se centran en el “orden”, la “seguridad” o la “imagen” de la ciudad.