El expediente judicial contra la diputada Natalia Saseta por el supuesto delito de exacciones ilegales acumula dos años de demora en la Cámara de Diputados de la Provincia, que aún no ha tratado el pedido de desafuero.
El pasado 23 de abril se cumplieron dos años del segundo pedido de desafuero que la Justicia envió a la Cámara de Diputados de la Provincia para que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político lo tratara. La investigación, a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat desde 2021, apunta a la legisladora Natalia Saseta por el supuesto delito de “exacciones ilegales en carácter continuado”. El primer pedido de desafuero se realizó en 2022, meses después de la denuncia de un exempleado de la legisladora.
Desde entonces, el pedido permanece en la comisión presidida por el diputado Eduardo Andrada y la diputada Stella Nieva como secretaria. En la sesión del miércoles 6 de mayo, Saseta buscó diferenciarse de su par Javier Galán, a quien el juez Marcelo Sago le inició una investigación jurisdiccional por varias denuncias, entre ellas abuso sexual. Saseta declaró a la prensa que su situación era diferente y que su desafuero no se trata “porque el expediente no se encuentra hoy en la cámara y es imposible que eso se pueda tratar”.
Consultado por Hola Catamarca, desde la Justicia provincial se informó que el 23 de abril de 2024, a las 9.27 horas, la Cámara de Diputados recibió el pedido de desafuero para Saseta. Es decir, la comisión debió haberlo tratado hace dos años y ocho días. De esta manera, las afirmaciones de la legisladora quedan desmentidas: la causa no avanza no por falta de instrucción fiscal, sino porque la diputada continúa protegida por sus fueros.
Las fuentes judiciales explicaron que solo existen dos formas de que una persona con fueros sea imputada e indagada: que cumpla su mandato o que la Cámara de Diputados dicte su desafuero.
El procedimiento
La causa penal contra la diputada del PRO se inició en 2021, cuando un exempleado la denunció por supuestamente hacerle retener parte de su sueldo. El fiscal Barros Jorrat solicitó al juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, que abriera la investigación jurisdiccional y determinara si correspondía solicitar el desafuero. En 2023, el magistrado solicitó el desafuero, pero los legisladores no lo trataron. Ese mismo año, el denunciante pidió retractarse, pero la causa continuó por los elementos probatorios reunidos.
Saseta intentó que la Sala Penal anulara la acusación mediante un recurso de casación, pero fue rechazado. Tras un cambio de correo electrónico, la Corte de Justicia debió emitir una nueva resolución en el mismo sentido. Finalmente, el juez Sago reiteró el pedido de desafuero el 23 de abril de 2024, sin que hasta el momento la Cámara Baja haya dado respuesta.