Mientras avanza la ‘Ley Hojarasca’ para derogar normativas obsoletas, un proyecto de la senadora Carolina Losada que busca endurecer penas por falsas denuncias en casos de violencia de género y delitos sexuales divide opiniones.
Argentina enfrenta un complejo escenario legislativo. Por un lado, el Senado dio dictamen favorable al proyecto “Ley Hojarasca”, que busca derogar alrededor de 70 leyes obsoletas de un total estimado de un millón de normas vigentes. Esta iniciativa apunta a reducir costos operativos y mejorar la seguridad jurídica. Entre las leyes más antiguas, algunas datan del siglo XIX, como una que regula el azote.
En paralelo, avanza un proyecto de la senadora radical Carolina Losada que propone endurecer las penas por falsas denuncias, elevando la condena de 3 a entre 6 y 8 años de prisión efectiva, pero limitado a causas de violencia de género, delitos sexuales y cuando las víctimas sean niñas, niños y adolescentes. Actualmente, la figura de falsa denuncia ya existe en el Código Penal.
Según datos del Consejo de la Magistratura de 2025, no se registra un número significativo de presentaciones por falsas denuncias. Se estima que representan entre un 3% de los casos, mayormente vinculados a delitos económicos. Organizaciones como el Equipo Latinoamericano sobre Justicia y Género advierten que esta iniciativa podría desalentar denuncias reales en un contexto donde el 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y el 40% son niñas, niños y adolescentes.
Especialistas señalan que los delitos sexuales suelen ser de difícil prueba, al ocurrir en la intimidad y sin testigos, lo que genera una “prueba difícil”. Además, señalan que el sistema judicial ya revictimiza a las personas denunciantes. La senadora Losada mencionó en medios que “hay estimaciones, pero no hay datos reales” sobre falsas denuncias. También generó polémica al afirmar que “amigos en multinacionales prefieren contratar hombres antes que mujeres jóvenes”.
El debate expone tensiones entre la necesidad de proteger a las víctimas y evitar el uso indebido de las denuncias, en un país donde el Estado recorta presupuestos para prevención de violencias.